La adicción de los menores de edad a las apuestas y juegos on line es cada vez es más alta y la Administración lo sabe. El Gobierno ya ha anunciado su intención de prohibir la publicidad de casas de apuestas en horario infantil (entre las ocho y las nueve de la mañana y las 17.00 y 20.00 horas de la tarde en días laborables; o entre las 9.00 y 12.00 horas los sábados, domingos o festivos). Y no solo eso. También busca prohibir la participación en la publicidad de personajes de relevancia o notoriedad pública, cuando estos son atractivos para el público infantil o juvenil. Actualmente, resulta habitual que personalidades del deporte aparezcan en anuncios de empresas de apuestas.

El Gobierno quiere limitar la publicidad para proteger a los menores y la Generalitat Valenciana vigilará que los jugadores que aún no hayan cumplido los 18 años no entren en los salones y casas de apuestas. En febrero el pleno del Consell aprobó el Anteproyecto de Ley del Juego de la Comunitat, una norma que establece el control de acceso generalizado en todos los locales de juego. La medida afecta, sobre todo, a los salones de juego donde, hasta ahora, no se requería el acceso a la entrada, ya que solo se exigía un control de acceso para aquella parte acotada del salón en la que existían máquinas de un premio de 3.000 euros o más. «La norma busca reforzar las medidas de protección de los eslavones más débiles de la cadena, como son los menores y las personas con problemas de ludopatía», explican fuentes de la Generalitat Valenciana.

La nueva regulación califica de infracción muy grave (antes era grave) el permitir la práctica del juego, así como el acceso a locales autorizados, a menores y personas inscritas en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego. Esta infracción comportará multas a partir de 6.001 euros (actualmente 3.001 euros). Además, supondrá la suspensión de la autorización y cierre del local por un plazo de hasta cinco años, revocación de la autorización y cierre definitivo del local, e inhabilitación para ser titular de la autorización por un plazo máximo de cinco años.

Además, y también en el capítulo de infracciones y sanciones, se prevé que la recaudación obtenida sirva para la puesta en práctica de actuaciones de prevención de la ludopatía. Las arcas del Gobierno autonómico ingresan 500.000 euros por sanciones en el ámbito del juego.