El 90% del tejido empresarial castellonense está conformado por autónomos y pymes (38.700, a 31 de diciembre del 2019), que se han visto especialmente afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Su actividad se ha visto ralentizada e incluso paralizada en los últimos dos meses y su situación actual y supervivencia depende, en gran medida, de soluciones financieras urgentes.
En el marco de esta coyuntura, el periódico Mediterráneo reunió el pasado viernes a tres expertos, el abogado, economista y secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, Jesús Ramos; el abogado y secretario técnico de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana (CEV-Castellón), Salvador Serrano; y el director regional de Castellón y Valencia Norte del Banco Sabadell, Cristóbal Peña, moderados por el director del diario de Castellón, José Luis Valencia. Compartieron en una sesión webinar las valoraciones de las medidas adoptadas y aquellas que consideran necesarias para paliar la situación actual.
La línea de avales puesta en marcha por el Gobierno, materializada fundamentalmente en los avales del ICO, «puso el sistema financiero en circulación», según destacó Cristobal Peña, quien señaló que «entidades financieras como el Banco de Sabadell, ya en febrero, pusieron en marcha acciones como el plan de acompañamiento previo a estos avales».
CELERIDAD
La celeridad y la sencillez de tramitación son cuestiones clave para contribuir a la subsistencia de estas pequeñas empresas, por lo que «las entidades financieras como el Sabadell no solicitan prácticamente nada para analizar la operación, únicamente un plan de acompañamiento que muestre las necesidades de tesorería de la empresa en los próximos meses (que engloba, entre otras cuestiones, las nóminas, seguros sociales, pagos a proveedores, gastos de suministros, alquileres, costes de servicios, cuotas de los préstamos firmados, etc), favoreciendo así la tramitación, la asignación y el ingreso de la cuantía económica».
No obstante, según Jesús Ramos, «el sentir de las empresas es que el proceso es lento». Una afirmación a la que se suma la CEV, cuyo representante, Salvador Serrano, apuntó también que «el problema más grave es que el otorgamiento se basa en criterios de solvencia y capacidad de evolución crediticia. Son empresas que pueden ser rentables y que por una eventual falta de solvencia no se les presta esta ayuda».
Cabe señalar que la cifra de parados supera las 60.000 personas, un 50% más de los registrados a finales del 2019. Ante esta situación, la CEV manifiesta que «hace y hará falta más liquidez, que llegue con más celeridad y contundencia, a más empresas y autónomos, y criterios algo más laxos, invirtiendo en negocios rentables que mantengan ese empleo, que pagarán impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social».
La rentabilidad juega un papel relevante en la solicitud y acceso a la financiación de empresas y pymes, pero, además, los expertos coinciden en afirmar que hay que implementar otro tipo de medidas adicionales y ayudas directas, como la prorroga de ERTE (una medida que no impide la solicitud de financiación), la aplicación de un IVA reducido del 4% y en el caso del turismo --principal motor económico de Castellón--, la eliminación de tasas turísticas, la restauración de la movilidad, eliminación de la cuarentena, configuración de los corredores seguros y un plan de comunicación que de confianza, según afirmó el secretario técnico de la CEV.
Otras de las cuestiones clave para la subsistencia de las pymes y autónomos son la fiscalización y el pago de impuestos, cuya moratoria o excención se convierten en ayudas directas que favorecen la liquidez de las empresas y disminuyen la necesidad de avales. En este ámbito, «la imprecisión, la diversidad casuística y las distintas e imprecisas modifcaciones introducidas «son desconcertantes y generan inseguridad jurídica», afirmó Serrano. En este sentido, el representante de la Cámara incidió en que «el impago de estos tributos o el incumplimiento de los plazos de los mismos deriva en la adopción de medidas ejecutivas por parte de Hacienda y la Seguridad Social, y pueden verse abocadas a tensiones tan fuertes de tesorería, que incluso se tendrían que plantear otras vías para intentar salvar la empresa».
En base a estas cuestiones, los especialistas concluyen que las acciones clave para facilitar la supervivencia de pymes y autónomos, pasa por la ampliación de la financiación y el impulso de más ayudas directas.
