El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha resuelto mantener la suspensión cautelar del decreto que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria tal y como pedía la Diputación de Alicante. La Conselleria de Educación ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a los centros educativos y a las familias, al asegurar el conseller, Vicent Marzà, que, de momento, no se ha de hacer ningún cambio y, mientras, ha encargado un informe a la Abogacía de la Generalitat, a partir del cual se dictarán en unas semanas las instrucciones de inicio de curso. Marzà no tolerará que se meta miedo a los directores. No obstante, los centros no tienen, a fecha de hoy, unos criterios de actuación al respecto.
Ocho de cada diez colegios apuestan por el avanzado
En la actualidad, solo un 7% de los alumnos valencianos domina el inglés al acabar la educación obligatoria y un 30% el valenciano. Para solventarlo, el programa plurilingüe dinámico cuenta con seis niveles, cada uno con más o menos asignaturas en inglés dependiendo del uso de la lengua propia o el castellano. La decisión de cada centro de optar a un nivel u otro se ha tomado por mayoría de dos tercios del consejo escolar en los centros públicos, o en el caso de los concertados, por el titular del centro educativo.
Ocho de cada diez colegios de la provincia de Castellón han apostado por el nivel avanzado, el 100% de los centros del Alt y Baix Maestrat, Els Ports y Castellón capital se suman al nivel avanzado, que es mayoritario en la Plana Baixa --85,7%--, Plana Alta --89,2%-- y l’Alcalatén --75%--. Por contra, el Palancia tiene un 100% que se ha decantado por el básico, en el que predomina el castellano en el aula; mientras que, en el Alt Millars, la cuestión ha estado al 50% entre el básico e intermedio.
El nuevo modelo tendría que comenzar a aplicarse el próximo curso 2017-18 en Infantil de 2 años y de primer ciclo, y acabarán de implantarse en el curso 2023/24 en Bachillerato.
Los efectos de la sentencia dictada por el alto tribunal
Las medidas cautelares no permiten desarrollar más el decreto de plurilingüismo en forma de órdenes y resoluciones. Uno de los aspectos pendientes de desarrollar en forma de orden es la certificación de lenguas. Sí que podrá seguir adelante la oferta de plazas en la Escuela Oficial de Idiomas para que puedan hacer cursos, así como los viajes estivales a Irlanda y Reino Unido. Tras la suspensión cautelar, habrá que estar a la espera de nuevas directrices. La Concapa urgía a dar instrucciones urgentes a los centros sobre cómo se va a aplicar el decreto porque «si hacen oídos sordos, pueden causar un perjuicio irreparable; las familias estamos desconcertadas y no sabemos a qué atenernos». Eso sí, los directores apelan a no preocuparse por los libros, ya que la mayoría de las familias están en el Xarxa Llibres y los centros se encargarán de adquirirlos si hacen falta nuevos.
El conseller advirtió que es una irresponsabilidad decir que serán los directores los que no cumplirán la ley ya que, según Conselleria, «hemos encargado ese informe a Abogacía precisamente para que los centros educativos actúen siguiendo la cobertura legal en todo momento».
Demandan que el TSJCV se pronuncie pronto
Escola Valenciana urge al TSJCV a pronunciarse pronto sobre el expediente del decreto, dado que, de lo contrario, «el sistema educativo puede sufrir serios inconvenientes». A su juicio, «hay un margen de incertidumbre», ya que, indican, las familias han matriculado a sus hijos en un programa educativo que no saben si se aplicará en septiembre.
El TSJCV no se ha pronunciado aún sobre el fondo del asunto, solo sobre la petición de medida cautelar, y la resolución puede prolongarse. El PP planteaba mantener el plan de 2012, algo que tanto la federación de ampas como la asociación de directores de colegios ven viable pero prefieren el plan de Marzà.
Los recursos en marcha contra el decreto
Además de la Diputación de Alicante solicitaron al TSJCV la suspensión cautelar del decreto USO y la Asociación en Defensa del Castellano, a quienes dio la razón. También recurrieron el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, la Federación Católica de Padres de Alumnos, el PP, Vox y los sindicatos ANPE y CSIF. Y Marzà recurrirá al Supremo contra la suspensión cautelar.
