La Unión de Consumidores de Castellón (UCE) ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los inquilinos de viviendas que solicitaron una deducción en el IRPF y cuya devolución les exige ahora la Agencia Tributaria junto con los intereses de demora porque el arrendador no depositó la fianza en la Conselleria de Hacienda tras la firma del contrato. Un requisito esencial para que el arrendatario tenga ese derecho a la deducción que corresponda.
«Desde la Unión de Consumidores entendemos que los inquilinos afectados pueden exigir al arrendador que se haga cargo de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de su obligación, debiendo acreditar el inquilino que se entregó la fianza», explicaron ayer fuentes de esta entidad, tras recordar que el servicio jurídico de la UCE está disponible de lunes a jueves de 9.30 a 14.00 horas en la calle Mayor, número 76.
