Desde el pasado martes, 21 cámaras ubicadas en los límites y el interior del centro histórico vigilan la circulación y velan por que ningún vehículo que no esté autorizado entre en esta zona. El objetivo, que es disminuir la circulación, está empezando a ser una realidad ya que en solo tres días, el número de vehículos por el casco histórico es menor.

Así, solamente hay diez colectivos cuyo paso está permitido: residentes; comerciantes; bicicletas; motocicletas; ciclomotores; vehículos con movilidad personal o patinetes; coches que se dirigen a los párkings de Santa Clara o avenida Rey don Jaime; carga y descarga de 8.00 a 11.00 horas en días laborables; carga y descarga de 15.00 a 17.00 horas de lunes a viernes previa solicitud de paso; y las personas que, por un motivo puntual y necesario de un día, deban acceder al centro en vehículo y que deberán solicitar una autorización específica que servirá solamente para esa ocasión.

Otra de las cuestiones que se ponen sobre la mesa radica en los castellonenses que ya disponen de la tarjeta de acceso. Estos no tendrán que actualizarla hasta que no caduque ya que el Ayuntamiento ha traspasado al nuevo sistema de vigilancia de las cámaras las matrículas de sus vehículos, por lo que no serán multados. Únicamente tendrán que acudir al consistorio para renovarlas cuando pase el plazo previsto en la tarjeta.

Los nuevos autorizados sí que tendrán que acudir a solicitar el documento. Y, ¿cómo hacerlo?

Podrán efectuarlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Castelló --www.castello.es-- en la que se tendrán que identificar a través del certificado digital; o de forma presencial a través del teléfono de atención a la ciudadanía 010 si los afectados llaman desde la capital. En el caso que sea desde un móvil u otros municipios, al teléfono 964 226010.

Sin embargo, la instalación de estas cámaras que únicamente sustituyen a los bolardos si bien el funcionamiento es el mismo, ha causado malestar entre los comercios. Desde Covaco Castellón-Confecomerç CV reclaman una solución «ante la implantación de un nuevo sistema de accesibilidad al centro que supone un perjuicio para el pequeño comercio» y poder consensuar la medida municipal.