Los controles de velocidad realizados a lo largo de las carreteras de Castellón pillaron el año pasado a 56.544 conductores, a los que se interpuso la correspondiente multa. Es un número superior al registrado en el 2018, un incremento que se explica a partir de una mayor actividad sancionadora de los radares móviles.

La Guardia Civil de Tráfico contabilizó en el 2019 exactamente 1.000 denuncias más por este motivo que en el ejercicio precedente. 31.056 multas se originaron en los cinemómetros fijos que hay instalados en la provincia (gráfico de la derecha), mientras que 25.488 fueron captadas por radares móviles. Una cifra, esta última, superior en un 9% a la del 2018, en lo que significa una tendencia contraria a la de los fijos, que multaron menos.

nuevo límite // Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, tiene muy claro el principal motivo por el cual se han incrementado las denuncias de radares móviles. «En enero del año pasado entró en vigor una reducción de la velocidad para turismos en carreteras secundarias, donde se suelen poner estos controles, de 90 a 100 kilómetros por hora. Eso ha influido a la hora de que más conductores hayan pasado el límite», indica.

Arnaldo también ve un segundo factor importante a la hora de explicar esta tendencia: «Se ha registrado un incremento en el volumen de tráfico a consecuencia de la reactivación económica. A más paso de vehículos, es lógico que más multas por velocidad».

aplicaciones // Las nuevas tecnologías han propiciado, a través de apps que avisan de dónde están los controles, que los conductores puedan evitarlos. Por ello, la Dirección General de Tráfico, conocedora de esta circunstancia, está reclamando una pequeña modificación legal que evitaría este tipo de prácticas.

Así, por ejemplo, un conductor que avise de un control policial a otro con destellos de luces puede ser denunciado por los agentes, pero si coloca el aviso en una red social o en aplicaciones específicas, como Waze o Social Drive, no está cometiendo delito alguno. Tras años de reclamaciones de la Guardia Civil y policía, la DGT ya ha consultado con la Abogacía del Estado sobre la conveniencia de intentar terminar con esta práctica.