El caso del supuesto prostíbulo encubierto de la calle Donat sobrepasa las competencias del Ayuntamiento de Castelló, que trabaja en coordinación con la Policía Nacional para resolver un conflicto que ha levantado gran polvareda en la ciudad, a raíz de una denuncia publicada esta semana por el periódico Mediterráneo.
El portavoz del gobierno municipal, Rafa Simó, se refirió ayer a la polémica problemática, después de que Adrián y Rosa, vecinos de la vivienda contigua al presunto burdel, desvelaran que hace cuatro meses pidieron por escrito la intervención del consistorio. «Desde el ayuntamiento», explicó Simó, «en estos casos se actúa en coordinación con la Policía Nacional y no podemos hacer mucha cosa más».
trabajo // «Siempre que hay una queja ciudadana», insistió Simó, «intentamos darle solución dentro de nuestras competencias, y si escapa de nuestras competencias intentamos colaborar». El portavoz comparó el caso con la presunta venta de droga en una vivienda social. Es también un tema que «excede de las competencias de la Policía Local. Hay que dejar trabajar a los órganos competentes», dijo el portavoz.
Mientras, el matrimonio de la calle Donat asegura vivir «un infierno» por las molestias y los ruidos que apenas les permiten dormir. La pareja denuncia que día y noche numerosos clientes llaman a la puerta de su vivienda confundiéndola con la del supuesto prostíbulo. «Muchos de ellos borrachos y maleducados», según explicaron a este diario, «se equivocan de timbre con frecuencia y nos molestan a nosotros». Los ruidos responden a «música a todo volumen, taconazos...» Las llamadas varias a la policía y las quejas al Ayuntamiento no han tenido por el momento el resultado esperado.
Fuentes policiales advierten que la situación puede ser objeto de una denuncia administrativa, pero no de un ilícito penal. Este hecho dificulta la labor policial. Por ahora, la pareja ha colgado de su balcón un cartel advirtiendo a los clientes que el prostíbulo está en la casa de al lado.
