La decisión de Amigos del Ribalta tomada este martes para solicitar la retirada de la Cruz de los Caídos del parque ha motivado la creación de una plataforma ciudadana que pide la permanencia del monumento y que en apenas 24 horas ha conseguido casi 1.000 firmas, a través de una iniciativa en Change.org. El portavoz del nuevo colectivo, Javier Torres, asegura que la petición de quitar la cruz «se base en el odio a un símbolo religioso» y opina que la retirada o reubicación de la misma «conllevaría malestar y división entre la ciudadanía».

Defensa de la Cruz, que es el nombre que recibe esta nueva plataforma, dirige su petición directamente a la alcaldesa, Amparo Marco, a la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, y al edil de Ordenación del Territorio, Rafa Simó. Su demanda la dividen en tres puntos. Solicitan a los partidos políticos del Ayuntamiento de Castellón que, ante una posible votación en el pleno municipal, voten a favor de la permanencia de la cruz. También instan a la reparación de los desperfectos en la misma, víctima de actos incívicos en los últimos años. Y piden la restitución del rótulo con el lema Víctimas de la violencia.

En su argumentario, aseguran que «en 1979, Esquerra Independent de Castelló propuso su derribo y finalmente, con los votos de PSPV-PSOE, PCE y UCD, y gracias a la presión popular que se oponía a la retirada, se limitaron a cambiar el lema Caídos por Dios y por España, por Víctimas de la Violencia, aunando así a los caídos en ambos bandos, sin distinción.

Además, recalcan que «con la reforma que se llevó a cabo en 1979 para aunar a ambos bandos, se cumple con la ley de la memoria histórica al no hacer exaltación del régimen franquista».

EN CLAVE MUNICIPAL // Opuesta es la opinión vertida ayer desde Castelló en Moviment, cuyo portavoz en el Ayuntamiento, Xavi del Señor, aseguró que «el cumplimiento de la ley de la memoria histórica no es rehuible». «La permanencia de este monumento es una ofensa a la sociedad que sufrió la represión y su desaparición es un ejercicio de madurez democrática». La agrupación electoral se sumó así a entidades como Amics del Ribalta y el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica en defensa del cumplimiento de la normativa vigente. «Inagurada el 29 de octubre de 1944, sobra documentación y testigos para concluir que estamos ante un vestigio que hiere la cultura democrática, un símbolo de marginación y desprecio hacia los víctimas del franquismo y los vencidos en la guerra», insistó Del Señor.

Desde el equipo de gobierno (PSPV y Compromís) ya aseguraron anteayer que el Ayuntamiento tomará una decisión al respecto con los informes de la FVMP y de las consellerias de Justicia y Cultura sobre la mesa.