El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incorporado finalmente refuerzos en el juzgado especializado en cláusulas suelo en la provincia de Castellón. Desde el pasado 1 de octubre se ha incorporado al órgano judicial un juez de prácticas y dos funcionarios, así como el LAJ (letrado) del juzgado. El motivo de dicha incorporación es que se han superado los 400 asuntos, mínimo requerido para que se autorizaran los refuerzos judiciales.
En concreto, según la información dada a conocer ayer por el órgano de gobierno de los jueces, se han recibido un total de 627 asuntos judiciales relacionados.
Hay que recordar que Castellón fue la única provincia de la Comunitat que comenzó a asumir sin medios extra la tramitación de las demandas por cláusulas suelo, para la cual se especializó el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Castellón, lo que desató las críticas de abogados y procuradores, magistrados y secretarios judiciales. Y es que temían que la decisión no solo colapsara el juzgado número 6, sino también otros cinco órganos que han asumido parte de su trabajo para liberarlo.
Los 54 juzgados de primera instancia de España especializados en cláusulas suelo abrieron el 1 de junio tras el fracaso del sistema extrajudicial impulsado por el Gobierno. Abogados y jueces pronosticaron un aluvión de casos, lo que obligó al CGPJ a diseñar un plan y, a la vez, especializar un juzgado por provincia.
Si bien en el arranque la llegada de casos en Castellón se desarrolló con mucha lentitud, con solo 99 en junio, primer mes de funcionamiento del juzgado especializado, finalmente se han autorizado los refuerzos.
Ahora los jueces decanos de toda España han considerado que las medidas de refuerzo están resultando un fracaso, ya que la mayoría de juzgados están saturados y la previsión es que la entrada de casos se mantenga al alza, sin que se atisbe ningún indicio de que decrezca. Por ello, los decanos han pedido que el plan quede sin efecto a 31 de diciembre, dado que no se han puesto los medios previstos en sus inicios y que los asuntos que a partir del 1 de enero del 2018 se ingresen pasen a reparto general de todos los juzgados de primera instancia. Piden que se concrete qué pasará cuando los jueces en prácticas allí destinados finalicen su periodo de formación y puedan concursar a otros juzgados.
