L a Policía Nacional registró ayer, por medio de un mandamiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, la casa del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra. Según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) consultadas por este periódico, esa entrada y registro en el domicilio del expolítico, sito en la urbanización les Platgetes de Bellver de Orpesa, se produce en el marco de unas diligencias previas abiertas en el 2017 por delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública.

Por el momento, no ha trascendido si puede tratarse de una investigación propia del juzgado castellonense o de un exhorto de otro órgano --comunicación que libra un juez a otro de igual categoría para que ordene dar cumplimiento de lo que se le pide--.

Varias patrullas --con agentes de uniforme y de paisano-- se personaron en la vivienda del exdirigente popular y la examinaron a fondo durante algo más de cinco horas. De allí, se llevaron «un ordenador y cuatro documentos», según el expresidente provincial, quien se mostró desconcertado por la intervención. «Me ha pillado por sorpresa y he llamado a mi abogado para ver de qué iba todo esto porque solo me han dicho que investigaban varios delitos», declaró ayer Fabra. «Casualmente, quien está ahora en el Juzgado de Instrucción 4, que ha ordenado este registro, es el mismo juez que llevó otra causa contra mí en el 2010», dijo el expolítico en referencia al magistrado de Burriana Jacobo Pin, conocido por ser quien dio el espaldarazo definitivo al caso Fabra para que concluyera la compleja instrucción del mismo, que se prolongó durante una década. Sin embargo, según ha podido conocer este diario de fuentes judiciales, Pin --antes decano de los jueces de Nules-- lleva poco más de un mes al frente de Instrucción 4 y cubre una baja.

Cabe recordar también que la última causa que Fabra mantenía abierta hasta ayer era la dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Castelló en referencia a los patrocinios de Aerocas. La magistrada llamó a declarar el pasado noviembre como investigados a 11 exmiembros del consejo de administración --entre ellos el expresidente-- «que asistieron a reuniones y ratificaron contratos efectuados a Álex Debón y la sociedad Motorsport69 SL».

Parece poco probable, sin embargo, que el registro llevado a cabo ayer tuviera relación la causa de Aerocas por tratarse de juzgados distintos. Siendo una causa secreta, ni el letrado defensor --que ayer rehusó atender a este medio-- tiene de momento los detalles del caso.

«De los patrocinios no hay ningún tema pendiente. Debón presentó una querella contra mí --el exdirigente del PP eligió dos terrenos en la Vall propiedad del deportista para construir un hospital de día y acordó pagarle 11.800 euros al mes durante 25 años en un contrato firmado días antes del relevo de Moliner--, pero yo ya dije que no podía pagar nada. La realidad es que vivo de una pensión y no tengo un duro», sentenció ayer Carlos Fabra. H