Si el Grup per a la Memòria Històrica de Castellón mostró este sábado su satisfacción por el anuncio del Ayuntamiento de la capital de que retirará la cruz del Ribalta --tras recibir oficialmente el informe del Consell--, la Plataforma en Defensa del monumento confirmó su rechazo frontal a la decisión, y cargó contra Amparo Marco, de quien dijo que «pasará a la historia como la alcaldesa más beligerante contra los cristianos» y anuncia que la llevará ante el juez por prevaricación.
Desde el Grup de Memòria, Juan Luis Porcar valoró como «muy positivo» que, como informó Mediterráneo, el Ayuntamiento de la capital haya confirmado que la cruz dejará de presidir el parque porque, dijo, «es un tema que venimos reivindicando desde hace ya años».
INFORME EXHAUSTIVO
Porcar relató que su colectivo realizó «un informe exhaustivo sobre las características de la cruz en el que quedó claro que es un símbolo de la exaltación de la victoria franquista. Añadió que el anuncio del consistorio, que materializó el viernes la portavoz, Verónica Ruiz, «es un paso muy importante en el sentido de alcanzar la normalidad democrática y cumplir la ley de memoria histórica, teniendo en cuenta que hay informes técnicos especialistas que dicen que el monumento no tienen ningún tipo de valor artístico».
De hecho, el documento firmado por el director general de Reformas Democráticas de la Conselleria de Justicia, recomienda la retirada de la cruz, de la que dice que «continúa siendo un signo de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura».
Porcar expresó también su expectativa de que la retirada del monumento, que podría trasladarse al cementerio municipal, se realice en esta legislatura.
MEDIDAS "CAUTELARÍSIMAS"
Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos, quienes representan legalmente a la Plataforma en Defensa de la Cruz del Ribalta de Castellón, anunciaron medidas «cautelarísimas» que buscarán detener la eliminación de la cruz, al tiempo que aseguraron que presentarán una querella contra Amparo Marco por prevaricación si la retirada se llega a consumar.
Desde la plataforma, Javier Torres, insistió en que el informe de la Conselleria «no es vinculante» y cuestionó su imparcialidad, al asegurar que «los supuestos expertos tienen un perfil laicista y vinculado con la izquierda».
Torres calificó los motivos del proyecto de retirar el monumento de «odio al cristianismo», aseguró que Marco es «un títere de los sectores más laicistas de Castelló en Moviment y Compromís», y aseguró que «Castellón tiene otras prioridades de gasto, como son los servicios sociales».
Tanto el portavoz de este colectivo como los abogados cristianos insistieron en que en el año 1979 todos los partidos acordaron despojar la cruz de cualquier símbolo con connotaciones franquistas, lo que se hizo, y dedicar el monumento a las víctimas de la violencia en general.
