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la provincia cuenta con 11.188 personas dentro del sistema

Revés judicial a Oltra por priorizar ayudas económicas a dependientes

La patronal del sector exige primar los recursos y denuncia que se fomenta la economía sumergida. El TSJCV falla que estas prestaciones deberían ser excepcionales frente a servicios profesionales

 

Revés judicial a Oltra por priorizar ayudas económicas a dependientes -

SARA RIOS
03/07/2020

Es uno de los pilares más débiles del Estado del Bienestar por la falta de recursos destinados. El sistema de la dependencia soporta de forma crónica una larga lista de espera. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas decidió agilizar estas demoras, aunque con problemas y cediendo competencias a los ayuntamientos para realizar las valoraciones. De todos modos, las resoluciones, es decir, qué prestación recibe una persona según el grado reconocido depende del departamento de Mónica Oltra, que optó por priorizar las ayudas para el cuidado en el entorno familiar, es decir, las económicas y no profesionales, dada la escasez de recursos públicos para atender a este colectivo tan vulnerable. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha asestado un varapalo a esta política social al considerar que estas ayudas económicas deben ser la excepción y no la norma.

De este modo, el tribunal «ha anulado el apartado 4 del artículo 32 del Decreto 62/2017 del Consell por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas», señalaron ayer desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), entidad que presentó la demanda ahora resuelta.

En ese artículo se recogían los requisitos para poder acogerse a la prestación de cuidados no profesionales. En el mismo se reducían las exigencias y se permitía que fueran personas sin ninguna vinculación familiar las que pudieran encargarse de los cuidados. «Esto no ayudaba a una atención de calidad, era contrario a la normativa estatal, fomentaba la economía sumergida, podía obligar a muchas mujeres a permanecer en casa cuidando de los familiares e iba contra la profesionalización de los servicios», señaló el presidente de Aerte, José María Toro.

ayuda a domicilio // «Nosotros hemos apostado por que las personas que puedan sean atendidas en sus casas pero siempre a través de servicios de ayuda a domicilio profesionalizados. Advertimos a la Conselleria de que esta era una decisión contraria a derecho y la Justicia ha vuelto a darnos la razón de nuevo, como ya ha pasado varias veces con la exclusión de empresas en determinados concursos públicos», apuntó el responsable de la patronal.

De las 53.292 nuevas personas atendidas desde junio del 2015 por el sistema en la Comunitat, cerca de 7.000 en la provincia de Castellón, que cuenta con 11.188 beneficiarios, «el 72% ha recibido una ayuda de este tipo, lo que demuestra que no se ha respetado el carácter excepcional de este tipo de prestación».

Además la propia Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha considerado este tipo de ayuda como «low cost» en varias ocasiones, «ya que no garantiza una atención de calidad a las personas usuarias y el importe de la prestación es muy bajo». El problema radica también en la falta de una red asistencial.

silencio // Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas optaron ayer por el silencio y declinaron hacer valoraciones hasta que puedan «ver la sentencia íntegra».

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