La adhesión al Código del Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que salió aprobada por 15 votos a favor frente a los 12 en contra de la oposición, motivó ayer un rifirrafe entre el tripartito y el bloque de la derecha en el Ayuntamiento de Castelló.
La portavoz del grupo municipal del PP, Begoña Carrasco, preguntó si el equipo de gobierno tenía algún tema de corrupción en el cajón «para querer derogar urgentemente este código» que habla del cese de concejales por este motivo y pidió una comisión de estudio no permanente para debatirlo. A este respecto, la alcaldesa invitó a la edil popular a ir a la Fiscalía si tiene constancia de algún tipo de corrupción por parte del equipo de gobierno «y no generar dudas sobre la gestión». Mientras, el portavoz adjunto de Cs, Vicente Vidal, tildó de «imposición la extrema urgencia de este cambio sin negociar».
Por su parte, el portavoz del Compromís, Ignasi Garcia, afirmó, en nombre del tripartito, recordó que el Código de Buen Gobierno al que aprobó sumarse el consistorio es el que impulsó el PP en la Diputación.
Por otro lado, el pleno también dio luz verde por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el consistorio a la creación del Consell Agrari Municipal --tal y como publicó ayer este diario--, a la autorización de actividades en el ermitorio de la Magdalena con motivo de la romeria (el 15 de marzo) y a la aprobación del Plan Especial de protección del convento de la Virgen del Carmen.
