El ruido, durante la campaña estival en alquileres turísticos, y la rehabilitación de elementos comunes para esquivar posibles sanciones en fincas de más de 50 años, son las principales preocupaciones que traen de cabeza a las comunidades de vecinos en la provincia de Castellón. Así lo explica el vicepresidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Joaquín Rambla, quien confirma que durante el pasado verano, en municipios turísticos, los gestores han tenido que lidiar, principalmente, «con los ruidos, que pueden ser o no de inquilinos vacacionales. Aunque en definitiva cuando se da este problema, que preocupa, se requiere al propietario para que se subsane y exista una buena convivencia».

OBRAS SUBSIDIARIAS / En otro orden de cosas, las derramas para poner a punto el bloque de viviendas en común, están a la orden del día, sobre todo, en la capital de la Plana. «La normativa implica que para los edificios de más de 50 años se debe elaborar un informe de evaluación del edificio que al final insta a ejecutar medidas obligatorias. Y es obligatorio, sí o sí, si no, se arriesga a sanciones. El Ayuntamiento exigirá cumplir las obras que se aconsejan y repercutirá los costes a la comunidad si no lo hace», indica Rambla. Al respecto, explica que dicha ITV tiene en cuenta «el estado estructural, por seguridad; la eficiencia energética y la exigencia de accesibilidad».

En esta línea, Fernando Puig, delegado de Casel Elevadores en Castellón, confirma que «muchas comunidades de propietarios demandan bajar la parada de planta baja del ascensor a cota cero, es decir, al nivel de la calle para acceder al ascensor a pie plano (reformas que suelen tener un coste de 15.000 a 20.000 euros)». Además, Puig añadió que «también se subvencionan obras para la instalación de ascensores en edificios donde no hay (de 30.000 a 50.000 euros de presupuesto global); y se desarrolla bastante en la provincia la modernización en ascensores que generen un considerable ahorro energético».

Más ejemplos los corroboró la responsable en Castellón de la gestoría de fincas Mediterráneo, Tania Domínguez, quien indicó que «se pide mucho bajar el ascensor a cota cero, lo que implica una derrama de 1.000 a 3.000 euros por vivienda, según el número de vecinos del bloque».