La pandemia ha vuelto a suscitar el debate sobre la gestión de las residencias, un servicio público que depende directamente de la Conseleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra, pero que recae en su gran mayoría en empresas privadas que administran plazas concertadas, es decir, subvencionadas con fondos públicos. La crisis sanitaria ha acrecentado las ya complicadas relaciones que mantenían en los últimos meses este departamento con la patronal del sector, Aerte.

El presidente de Aerte, José María Toro, lamenta la falta de diálogo con la Conselleria cara a acordar protocolos y medidas en un momento clave para evitar rebrotes. La pasada semana pidieron un encuentro con Oltra y otro con la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Esta última ha respondido a la petición y ha puesto fecha para este martes, mientras Igualdad guarda silencio. «No entendemos la actitud que muestran, deben dialogar porque nosotros conocemos mejor que nadie las problemáticas de los centros», apunta Toro.

En la reunión prevista, Sanidad les informará sobre la resolución aprobada cara a la nueva normalidad, en la que crea un comité de control en cada uno de los departamentos de salud, tres en Castellón, para hacer un seguimiento de los centros, entre otras medidas. Nada se dice en este documento sobre la petición de la patronal de hacer pruebas PCR a los usuarios cada 15 días u hospitalizar a todos los infectados por el coronavirus. Esta última propuesta ya fue rechaza por la propia Barceló.