La Conselleria de Sanidad entregó ayer a la Fiscalía Anticorrupción un total de 4.713 facturas que considera presuntamente irregulares emitidas por dos empresas al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón durante los años 2006 y 2015 y cuyo valor total alcanza los 25 millones de euros, tal como explicó ayer en rueda de prensa la titular del departamento, Carmen Montón.
Estos documentos en poder ahora de la Fiscalía se refieren a obras de servicios y mantenimiento y reparación en el hospital y, según señaló la consellera, “tenemos la sospecha de que estas facturas se han podido emitir por trabajos que no tenemos la certeza de que se hayan realizado”, según explicó Montón.
La decisión de elevar este asunto a la Fiscalía se adoptó, según fuentes de Sanidad, tras consultarse con los servicios jurídicos de la Generalitat, que pudieron revisar toda la documentación y encontraron indicios de presuntas irregularidades en su gestión como era “la no existencia de expedientes, la realización de obra nueva a cargo de mantenimiento, el haberse rebasado los importes fijados en la contratación o por la emisión de varias facturas sin cobertura contractual,”, según explicó la titular de Sanidad.
Al objeto de aclarar la naturaleza de estos documentos, el actual gerente del Consorcio Joaquín Sanchís, su predecesor en el cargo, Miguel Llorens --máximo responsable económico en la etapa investigada-- y responsables de la Conselleria, se reunieron el pasado lunes en Castellón como paso previo a la decisión de elevar el asunto a la Fiscalía, según confirmaron ayer fuentes sanitarias.
LA SOMBRA DE GÜRTEL // Montón especificó que las dos empresas que emitieron estas facturas corresponden a Piaf, investigada en el caso Gürtel y que uno de sus propietarios ya admitió en su día haber contribuido en la financiación irregular del PP. De otro lado, la segunda corresponde a la firma castellonense Telecso, como señaló la consellera. Esta empresa, a día de hoy mantiene contratos con el Ayuntamiento de Castellón por valor de más de 3,5 millones de euros en servicios que tienen que ver con el alumbrado público, inspección de instalaciones o el mantenimiento de 34 colegios de la ciudad.
Además, estas firmas también han venido trabajando en el Hospital de La Plana y, en el caso de Piaf, está siendo investigada por Anticorrupción por contratos para el Ayuntamiento de Vila-real durante el mandato del PP.
LECTURA POLÍTICA // La responsable de Sanidad indicó que estas facturas podrían “suponer una clara transgresión del procedimiento de contratación y de la ley de Hacienda pública”, al tiempo que dejó encima de la mesa la posibilidad de que pudieran “ser constitutivas de varios delitos”. Montón recordó que el periodo en el que se dan estas facturas, bajo el gobierno del Partido Popular, corresponden con etapas en las que al frente de la Conselleria estaban Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Llombart y Luis Rosado, como presidentes del Consorcio, correspondiendo las vicepresidencias a Carlos Fabra y Javier Moliner, “quienes ampararon las cuentas en este periodo”, según la consellera.
Sobre la posibilidad de que estas facturas pudieran abrigar una posible financiación irregular del PP, Montón señaló que “esto lo tendrá que determinar la Fiscalía”. La consellera sí denunció la “falta de control” en la gestión del Hospital Provincial en estos diez años, ya que “al ser un consorcio, eludía la intervención y todo quedaba en manos de la presidencia y vicepresidencia”, por las que pasaban las cuentas.
La decisión de Sanidad de elevar el asunto a la Fiscalía vino acompañada por un torrente de reacciones políticas. En el ámbito local, Castelló en Moviment reclamó auditar los contratos municipales con las empresas vinculadas con la presunta financiación irregular del PP. Al respecto, Xavi del Señor, hizo referencia a los 2.184.669 euros contratados por el Ayuntamiento con la empresa Telecso para el mantenimiento del alumbrado público de Castellón, los 64.426 euros por las inspecciones en las instalaciones eléctricas de locales públicos o por el mantenimiento integral de 34 centros educativos, que tiene un importe de 1.376.000 euros.
De otro lado, el Ayuntamiento de Vila-real mantiene abierto un contencioso por unos trabajos contratados pero no realizados a cargo de la mercantil Piaf, por valor de 600.000 euros.
La consellera de Sanidad, por su parte, añadió ayer que “tenemos la sensación de que estamos ante un ilícito penal y la constitución de un delito”, al tiempo que señaló que la Generalitat “no va a ser cómplice de etapas en las que los delitos quedaban impunes”, según indicó en rueda de prensa.
Además, desde la Conselleria se descartó ayer que se vayan a renovar los contratos que están aún vigentes con estas dos empresas, por un valor de 28.000 y de 12.000 euros, respectivamente.
Finalmente, Montón anunció que a partir de ahora los servicios jurídicos de la Generalitat tratarán de analizar los contratos previos a 2006 con el objetivo de comprobar que se gestionaron conforme a la legalidad.
“La auditoría --dijo la consellera-- no ha concluido, por lo que no se descarta que aparezcan nuevas facturas irregulares correspondientes a años anteriores”, sentenció Montón. H
