Las quejas vecinales por las persistentes molestias y las insistentes peticiones de los municipios no parecen ser urgentes para el departamento de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, porque a pesar de que los alcaldes de las localidades costeras llevan semanas pidiendo que se normalicen los tratamientos aéreos para acabar con las sucesivas plagas de mosquitos que se padecen en la provincia, ayer no dieron ninguna explicación a las preguntas de Mediterráneo al respecto.

El día 24 de abril se realizó el primer vuelo del 2020. Los técnicos de Conselleria acreditaron que existía una sobrepoblación de insectos en las zonas de marjal y consideraron oportuno sacar el helicóptero del servicio de Control de Mosquitos y Simúlidos de la Diputación para frenar su reproducción, con la autorización imprescindible del Consell.

En aquel momento, los especialistas de la empresa Lokímica ya lo advirtieron. Este ha sido un año de abundantes lluvias, propicio para facilitar la proliferación de estos molestos dípteros. El tratamiento aplicado es eficaz «en un 90 o 100% dependiendo de las zonas» --como pudieron comprobar los vecinos de áreas como la Finca del Pou de Nules, que aseguraron que «días después del paso del helicóptero, sí se notó»--, pero con nuevas precipitaciones el problema podía reproducirse, y ese ha sido el caso.

Los ayuntamientos afectados insisten en que las condiciones que sufren son las mismas que en el episodio anterior, de ahí que les resulte difícil comprender cómo la Administración autonómico puede convertirse en un escollo a la hora de dar respuesta a un problema que todos consideran «de salud pública y urgente».

en OTRAS AUTONOMÍAS / Los alcaldes tienen la mirada puesta en comunidades como Cataluña o Baleares, donde existen planes de vuelo preventivos, y en consecuencia lamentan que la valenciana sea la única región mediterránea que sigue poniendo trabas a este recurso que, como indican desde la empresa encargada de realizar los tratamientos, emplea productos biológicos, inocuos para otras especies, por lo que para los consistorios los impedimentos parecen menos justificados cuando tienen una eficacia probada y son tan selectivos.