La Conselleria de Sanidad deja en manos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) el futuro del personal de la empresa privada que actualmente se ocupa de las resonancias en los hospitales públicos. Así se desprende de la intervención que la consellera, Ana Barceló, realizó ayer en Les Corts.
La Conselleria señaló que el objetivo sigue siendo conseguir que sea una prestación pública, para lo que el proceso se llevará con la máxima seguridad jurídica para la administración, y las máximas garantías de respeto hacia los derechos de los trabajadores. Tras el dictamen del Constitucional sobre la improcedencia de usar la figura de personal a extinguir en la reversión de los servicios privatizados, la Conselleria elevó la petición de informe a la Abogacía de la Generalitat y al Consell Jurídic Consultiu en relación con la extinción del contrato.
