Yo no soy quién decide la ubicación de los terrenos a ocupar para la depuradora de Borriol”. “Yo no sabía a quién pertenecían las fincas. A mí nadie me explicó que una parcela era de la hija de Francisco Martínez”. El que fuera alcalde popular de Borriol entre 1999 y 2014, Adelino Santamaría, hizo estas afirmaciones en su declaración como acusado en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón sobre las presuntas irregularidades en la expropiación de unas parcelas de la localidad donde se iba a construir la EDAR.

Afirmó que se enteró “30 minutos antes del pleno expropiatorio de los solares que uno de ellos era de la empresa familiar de Francisco Martínez”, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde popular de Vall d’Alba. “Anulé los puntos de la sesión porque Pauner (entonces el número dos del grupo municipal popular en el Ayuntamiento) me avisó de que el terreno de Franvaltur era de Martínez y paralicé el tema”. “Y como no lo encontré normal, llamé al presidente de la Diputación, Javier Moliner”, para asesorarse, afirmó Santamaría. “Considero que más vale retrasar una semana” el proyecto que “incumplir algo más grave”, puntualizó el exalcalde, que actualmente está jubilado.

Santamaría, para quien el fiscal solicita una pena de tres años de prisión acusado de un delito de tráfico de influencias y otro de fraude ilegal y 12 años de inhabilitación por prevaricación, basó su declaración, tal como hiciera el día anterior el también acusado Francisco Martínez, en que “los técnicos redactaban los convenios del Ayuntamiento” relacionados con la expropiación de los terrenos afectados por la planta, pese a que estuvieran firmados por él como primer edil.

“El secretario todas las mañanas me entraba las carpetas con los escritos para rubricar. A veces eran 50 y otras 500”, explicó. De hecho, sobre la decisión de ampliar la superficie donde se iba a construir la depuradora para incluir la parcela 42 del polígono 11, propiedad de la acusada Andrea Martínez, afirmó que no la toma él, “la toman los técnicos”.

Santamaría también era en ese momento diputado provincial con competencias delegadas en aguas y miembro de la comisión de Infraestructuras (competente en el tema de la depuradora) que presidía, a su vez, Francisco Martínez. Pese a ello, eludió cualquier tipo de responsabilidad sobre la aprobación de la estación depuradora ni sobre la localización de los terrenos, pues alegó que “se decidió en la primera fase del proyecto, que dependía de la Generalitat valenciana”.

Trató así de desmontar la acusación del fiscal sobre su concierto con el exvicepresidente de la Diputación para posibilitar que por parte del primero se obtuviera un beneficio ilícito de 51.008,1 euros a través de personas interpuestas y de sociedades en la venta de una parcela en la que se proyectaba construir la instalación, que no llegó a hacerse efectiva al anularse el pleno expropiatorio en el consistorio por destaparse la titularidad de esos solares y su vinculación con Martínez.

Tras el exalcalde de Borriol, fue el turno de declarar del acusado Raúl Babiloni, quien es socio del exvicepresidente de la institución provincial en dos empresas y socio, a su vez, de la hija de Martínez en otra firma, dedicadas todas a la actividad inmobiliaria. Babiloni negó que hubiera tratado el tema de la depuradora con Martínez y basó su defensa en que acató las expropiaciones de sus terrenos por parte del Ayuntamiento y que estas le causaron un “perjuicio” porque su finca “es 10 veces más grande” que la que le iban a expropiar, y con ello se devaluaba el resto.

El fiscal mantiene que acudió al ayuntamiento de Borriol con poderes de Franvaltur para ocultar el nombre de Andrea Martínez a la hora de firmar el convenio por la expropiación. “No dije a quién pertenecía Franvaltur porque los datos de la titularidad de esa empresa se habían aportado con anterioridad” al consistorio, afirmó. El fiscal le acusa de prevaricación, tráfico de influencias y fraude ilegal y solicita 12 años de inhabilitación y tres de prisión.

los poderes // El último en prestar declaración fue Luis García, empleado de Babiloni, que se enfrenta a dos años de prisión acusado de fraude ilegal. García aseguró que él no dio “ningún dato” suyo para que le otorgaran los poderes de Franvaltur, que su jefe le dijo que tenía que ir a una notaría para que estos recayeran en la persona de Babiloni y que no preguntó más porque “tenía confianza en él”, apuntó. H