Decepción, frustración y la sensación extendida de que se perdió el tiempo y de que en Europa «no pintamos nada». Es el sentimiento generalizado que dejó en el conjunto del sector la jornada del pasado jueves, cuando en el Parlamento Europeo se evidenció que la comisión que preside Jean-Claude Juncker no tiene intención de tomar medidas para proteger a los cítricos de la Comunitat Valenciana de la competencia desleal de terceros países como Sudáfrica.
El presidente de Fepac Asaja, José Vicente Guinot, asegura que los hechos demuestran que la crisis del sector «no preocupa» a las instituciones comunitarias, al tiempo que afirma que le hubiera gustado que la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, mostrara allí una actitud «más combativa». Desde la Unió de Llauradors, su máximo responsable, un Carles Peris que incluso viajó a Bruselas, se muestra «decepcionado» al comprobar la «poca receptividad» de la Comisión Europea no solo a activar la cláusula de salvaguardia sino también a adoptar medidas en materia de sanidad vegetal.
Reciprocidad
Precisamente mejorar en el ámbito de la reciprocidad es también una de las reivindiacaciones de la Asociación Profesional de Exportadores de Fruta de Castellón (Asociex), que en más de una ocasión ha reclamado igualar las condiciones de Sudáfrica con las españolas.
También la clase política castellonense en su conjunto reaccionó ayer ante la falta de soluciones europeas a la crisis del sector citrícola. Unos y otros se repartieron las culpas y exigieron soluciones que garanticen el futuro del campo provincial.
El presidente del PPCS, Miguel Barrachina, pide al Gobierno, tras una reunión con Fepac Asaja, que se «sacuda la pereza» y exija la aplicación de la cláusula de salvaguardia. El secretario general del PSPV en Castellón, Ernest Blanch, le responde que su partido activará el «lobi citrícola en Bruselas que el PP no promovió en 20 años».
La vicepresidenta del Consell y dirigente de Compromís, Mònica Oltra, asegura que la Generalitat «defenderá» al sector en Madrid y Bruselas, mientras Ciudadanos y Unidos Podemos anuncian acciones en el Congreso, los primeros para pedir explicaciones por el papel del Gobierno central en esta crisis y los segundos, para preguntar por los fitosanitarios que utiliza Sudáfrica y que están prohibidos en España.
