En Castellón, según los últimos datos del INE, hay 111.213 personas mayores de 65 años. Un año antes había 109.608 y hace dos, 107.501. Cifras que evidencian que se agudiza el nivel de envejecimiento de la población pero que, por el contrario, no se corresponden con un aumento de las plazas de centros de mayores en la provincia, pese a una evidente urgencia de los mismos. En este sentido, son las empresas privadas, y no la Conselleria de Igualdad, las que están contribuyendo a la ampliación de una planta geriátrica que, aun así, está muy lejos de la ratio a nivel nacional.

Los datos exactos los maneja la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), que cifra en 41 los centros de mayores de la provincia, tanto públicos como privados, con 3.127 plazas un número que «tendría prácticamente que doblarse» para alcanzar estándares internacionales. Lo explica su presidente, José María Toro: «Castellón tiene una ratio de 2,7 plazas por cada 100 habitantes. La media de la Comunitat es de 2,9 y la que recomienda la OMS es cinco». A nivel nacional, la ratio es 4,2.

La provincia está, por tanto, muy lejos de unos niveles normales en cuanto a acceso a plazas geriátricas y lo peor es que «ahora mismo no hay demasiadas soluciones», no solo porque no hay proyectada la construcción de los suficientes nuevos centros, sino porque «desde que se anuncian hasta que se ponen en marcha pueden pasar cuatro años».

Un ejemplo es lo que sucede en la capital de la Plana. El grupo Orpea está a punto de abrir un centro de mayores situado en el PAI Lledó, con espacio para 150 usuarios. Además, hay previstos otros dos proyectos de empresas privadas: una nueva residencia de 104 plazas, ya en construcción, que ocupará un solar situado en el número 11 de la avenida Barcelona, cerca del parque Ribalta; y una residencia en el antiguo convento de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en la avenida Capuchinos.

Todo ello mientras el proyecto de creación de un nuevo geriátrico público en la ciudad, que fue anunciado en el 2016 por la vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, está aún lejos de definirse. El Ayuntamiento ya ha dado luz verde a la cesión de los terrenos a la Conselleria, ubicados entre las calles Onda y Ribelles Comín, y ahora es el departamento autonómico el que deberá tramitar los contratos y licitaciones asociadas al proyecto, explican fuentes municipales.

No obstante, la asociación defiende que se amplíen los centros públicos y destaca que «parece que para el año que viene hay más dotación». Eso no quiere decir, no obstante, que se vayan a construir más. De hecho, en los presupuestos del Consell para el 2021, por parte de la Conselleria de Igualdad, solo hay una partida específica para Castellón, de 1.489.000 euros, para financiar el mantenimiento de la residencia de tercera edad de Morella.

Otras, como por ejemplo la destinada a la redacción del proyecto de la residencia de Castelló, se han incluido en otras dotaciones genéricas que tienen ámbito autonómico.

El peligro en este tipo de proyectos es que se eternicen, como sucede con el centro de día y residencia de mayores que se debe ubicar en Sant Mateu, una obra que desde la localidad llevan reivindicando «20 años», como indicó la alcaldesa, Ana Besalduch.