Agradecen la voluntad política por parte del Ayuntamiento de Castellón de la elaboración de la nueva ordenanza de vallas, pero ponen sobre la mesa varias reivindicaciones. Desde el sector de la publicidad exterior, el principal afectado por la normativa, solicitan «un periodo de adaptación de la misma de tres años como mínimo, para cambiar la ubicación de las vallas actualmente instaladas que no cumplan con la misma». Explican que «la adaptación tendrá unos elevados costes, que no podrán ser asumidos por las empresas del sector en un periodo inferior». Si no se concede esta implantación progresiva, auguran, «puede llevar al cierre de empresas».
Además, muestran su «preocupación» por las notificaciones de expedientes de infracción urbanística que están recibiendo «en masa». «No se entienden estas denuncias ahora tras 16 años de vigencia de la antigua normativa a punto de derogarse».
