Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) encarecerá la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a unos 250.000 automóviles de la provincia al tumbar la reducción de precios que el Consell aprobó en mayo del año pasado. El 16 de enero, la Sala de lo contencioso administrativo del TSJCV, anuló esta rebaja al considerar que incumplía el resultado de una sentencia anterior, en concreto del año 2017.
Los 250.000 vehículos afectados suponen alrededor de un 62% del total del parque móvil provincial (unos 420.000 vehículos). Ese porcentaje de automóviles es el que la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV (AECOVA) considera que se beneficia de las rebajas en la inspección.
Las empresas adjudicatarias del servicio estiman que dejan de ganar unos dos millones y medio de euros al año en Castellón ya que el ingreso medio que reciben de menos por inspección es de unos 10 euros. En el total autonómico, afirman que han dejado de ganar 20 millones.
En este momento, las empresas concesionarias se apuntan un tanto con la sentencia a favor del Tribunal de Justicia valenciano. La Conselleria puede recurrir ante el Supremo, pero las entidades ya tienen en curso una reclamación de 80 millones a los que se podrían sumar los de este fallo.
Los comienzos del proceso // La Generalitat presidida por Alberto Fabra (PP) decidió reducir la tarifa de las inspecciones en el 2014. Tres años más tarde, en el 2017, el Tribunal tumbó este cuadro tarifario dando la razón a las empresas adjudicatarias del servicio.
En mayo del 2019, el Consell aprobó unos nuevos precios, los vigentes hasta este último fallo. La sala considera que, tras el análisis de las alegaciones y pruebas, «no ve motivo alguno que justifique una bajada de tarifas como la aprobada por la administración». Además, añade que esta tarifa incumple también la sentencia del 2017. El auto interpreta que «ha existido la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia anulatoria [la del 2017] y que la administración fue consciente durante un año de que estaban aplicando unas tarifas que eran contrarias a derecho».
La sala considera que los precios aprobados por el Consell en mayo del 2019 «son prácticamente idénticos» a los invalidados, por lo que su objetivo era que quedasen sin efecto las antiguas tarifas hasta tener «las nuevas aparentemente justificadas».
