El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, Rafa Simó, reconoció ayer que el retraso del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) --el anterior está anulado por la Justicia-- «supone un freno para las inversiones en la ciudad, así como para la concesión de las licencias de actividad, además de una inseguridad jurídica». Simó hizo estas declaraciones tras la celebración de la Junta de Gobierno en la que se aprobó la devolución de 7.705 euros por el pago de costas al no poder ejecutarse la reparcelación de la unidad 32-UE-R, precisamente por la ausencia de un ordenamiento urbanístico.

Por este motivo, y con el fin de que se pueda aprobar el documento cuanto antes, Simó instó a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà a que cumpla los plazos para la redacción del informe ambiental y dé respuesta a la resolución de las alegaciones. Si bien el edil explicó que la documentación al respecto se remitió a la Generalitat valenciana el pasado mes de mayo --el periodo de tiempo fijado como máximo finalizaría en noviembre--, Simó quiere que se acelere el proceso al máximo para seguir proyectando «un Castelló más moderno, verde y sostenible» para la ciudadanía.

ALEGACIONES PENDIENTES / Por lo que respecta a las alegaciones que hacen referencia a la parte estructural del PGOU, estas ya están contestadas. Al contrario sucede con las del plan pormenorizado, ya que aún están siendo estudiadas y siguen pendientes de la aprobación del informe ambiental, explicó Rafa Simó. Por el momento, y desde el 2008, el urbanismo de la ciudad está «bajo una norma transitoria», aunque para el edil de Urbanismo es prioritario que el PGOU sea una realidad cuanto antes.