El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana da cuenta, en su último informe sobre el papel de los servicios sociales, de las numerosas quejas e intervenciones que ha venido recibiendo este organismo en materia de dependencia.

Para la entidad que preside José Cholbi, las disfunciones de la ley «motivarían un estudio específico», debido a la «lentitud de su aplicación, la ineficacia de las prestaciones que se reconocen, los plazos largos y dilatados o la disconformidad sobre los baremos aprobados», entre sus principales argumentos. Para la oficina del defensor del pueblo valenciano, todos estos problemas suponen un «obstáculo importante», a lo que se suma la «falta de plazas en residencias para personas con enfermedad mental» entre otras conclusiones.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por su parte, señaló ayer que este documento del Síndic habla de la herencia recibida de la etapa del PP, en el que se destaca «el tapón de 46.000 personas en la lista de espera de dependencia, una política insuficiente de lucha contra el empobrecimiento y unas políticas orientadas a que unos pocos ganaran dinero en lugar de estar orientadas hacia el bienestar general de los ciudadanos».