El Síndic de Greuges ha amonestado a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por la tardanza en resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las ayudas a la dependencia. El defensor del pueblo valenciano ha dado a conocer casos de gente que falleció entre el 2014 y el 2017 sin percibir las prestaciones reconocidas o que se quedaron a la espera de que se concretaran. Los familiares presentaron sus peticiones a la Conselleria hace un año o incluso 17 meses, sin que la Administración haya atendido sus demandas. Ahora, el Síndic recuerda a la Conselleria su obligación de responder en plazo.

La Plataforma en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia en Castellón presentó al Síndic de Greuges escritos en los que pedía su amparo ante la tardanza en resolver 3.000 expedientes de reclamación patrimonial presentados en la provincia por casos de fallecidos, o a los que entre el 2012 y el 2015 les aplicaron un copago superior al que les correspondía, y que el Tribunal Superior de Justicia anuló.

Este procedimiento administrativo especial lo abrió la Conselleria para reparar el derecho de estas personas, y resarcirles de los perjuicios causados. Los expedientes empezaron a presentarse en enero del 2017. «La ley dice que deben resolverse en seis meses; y hasta la fecha no han solucionado ninguno», dice la portavoz de la plataforma, Carme Santamaría. En una de sus respuestas al Síndic ante el caso de un castellonense al que no le han devuelto el copago cobrado de más la Conselleria, señala que, «dado el ingente número de reclamaciones recibidas, así como la tramitación administrativa adicional que estas suponen, a pesar de haber dotado al departamento competente de más personal, los tiempos de resolución pueden alargarse en el tiempo. Sin embargo, todos irán resolviéndose, aunque el orden de tramitación es cronológico y no se puede alterar».

Santamaría recuerda que, pasados seis meses, el silencio administrativo es desestimatorio. «Legalmente, si la Administración no resolviera, no quedaría otra vía que la del contencioso administrativo, ante los tribunales. Oltra ha dicho que iba a resolver en vía administrativa y que no haría que los dependientes tuvieran que acudir a los tribunales a reclamar sus derechos. Pero de momento, lo único con lo que contamos es con su palabra. Y la legislatura se agota», concluye.