Les Corts aprobaron por unanimidad una reforma de la ley de la Sindicatura de Comptes, que a partir de ahora podrá sancionar a aquellas instituciones o entidades que no colaboren o no entreguen la información solicitada necesaria para ejercer su labor fiscalizadora. Los grupos acordaron una enmienda conjunta para que esta institución pueda imponer multas coercitivas que irán desde un mínimo de 600 euros a un máximo de 6.000, en caso de reincidencia. La nueva normativa también amplía el ámbito de actuación de la Sindicatura al conjunto de todo el sector público valenciano.
