Las posiciones siguen donde estaban entre los principales socios del Consell. Esto es, alejadas. La reunión de ayer del conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSPV), con la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra (y a la que se unió el titular de Educación, Vicent Marzà, el otro peso pesado de la coalición), acabó sin avances de consideración.

Compromís no está dispuesto a asumir recortes en el presupuesto de la Generalitat de 2019 si el Consell no se planta ante el ejecutivo central y Hacienda permite además la contratación de nuevos funcionarios, clave para aumentar los ingresos, entiende. Así que, de momento, queda descartado que el plan de ajuste diseñado por Soler vaya al pleno del Consell del próximo viernes, según fuentes de la coalición.

Hacienda se limitó a señalar tras el encuentro que se ha acordado «seguir trabajando para buscar la fórmula que pueda permitir afrontar la situación creada por la falta de ingresos y abordar con cirugía fina los ajustes necesarios». «Somos conscientes de que nos encontramos en una situación difícil, a nadie nos gusta, a mí el primero. Como conseller de Hacienda he de gestionar este tema y no es agradable. Pero somos un gobierno responsable», añadió Vicent Soler. Oltra y Marzà pusieron ayer una cifra sobre la mesa: 730 millones. Son los 450 millones de las entregas a cuenta de la financiación autonómica retenidas porque el Gobierno está en funciones y los 280 millones del mes de IVA que el ejecutivo de Mariano Rajoy no trasladó a las comunidades.

O el Consell exige a Pedro Sánchez estas cantidades y libera la posibilidad de contratar nuevos funcionarios (considera que es clave para poder obtener nuevos ingresos) o no acepta hablar de ajustes al presupuesto autonómico. Compromís también insistió ayer en la necesidad de que se convoque el consejo de política fiscal y financiera. El PSOE mantiene de momento la prudencia ante los socios, evitando o más bien eludiendo la confrontación.

Soler se reunió también con el vicepresidente segundo y candidato de Unides Podem, Rubén Martínez, que descartó que los ajustes afecten a «derechos sociales», y pidió unidad.