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Solo 246 personas arruinadas de Castellón se acogen a la ley de segunda oportunidad

El desconocimiento y la lentitud del proceso dificultan el rescate de insolvente. La norma permite a autónomos y particulares exonerar parte de sus deudas

 

ELENA AGUILAR
12/05/2019

Son trabajadores que perdieron su empleo y que no pudieron hacer frente a un préstamo hipotecario. Autónomos que montaron un negocio y fracasaron. Padres que avalaron a sus hijos... Todos contrajeron deudas que no han podido pagar. Todos estaban en la ruina pero, como carecerían de antecedentes penales, la deuda era inferior a los cinco millones de euros y no fueron declarados culpables de ninguna quiebra anterior, han podido acogerse a la ley de segunda oportunidad. Casi cuatro años después de que entrara en vigor una norma que exonera las deudas de particulares que no sean con Hacienda o la Seguridad Social, en Castellón solo se han beneficiado 246 personas, la mayoría trabajadores por cuenta propia. ¿El motivo principal? El desconocimiento.

En la provincia han sido 246 los beneficiarios de una ley que entró en vigor a mediados del 2015 (hasta entonces, solo las empresas podían acogerse al proceso de exoneración de deudas, mientras que a las personas físicas sus deudas les perseguían de por vida) y casi cuatro años después el balance es muy pobre. Lo es en Castellón y también en España, donde el número de procesos apenas supera los 7.500. En la Comunitat Valenciana han sido 832, según la estadística que maneja Repara Tu Deuda, que ha gestionado el 90% de los casos. «Cuando una persona incumple los pagos con una entidad financiera, esta sabe claramente lo que tiene que hacer. En cambio, la gente que no puede pagar su deuda desconoce que existe una ley que puede ayudarle», explica María Tena, responsable de la empresa Repara Tu Deuda en Castellón.

Pero, ¿cuál es el perfil de esas 246 personas que en la provincia se han acogida a la ley?. «La mayoría de los beneficiados son personas normales, trabajadores a los que la crisis golpeó muy duramente y que pasaron de tener unos ingresos de 3.000 euros al mes a ingresar 0», destaca Tena, que insiste en que lo ideal sería que la normativa permitiera también exonerar las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. «Es imprescindible», sentencia.

UN SISTEMA CON DOS FASES // El sistema consta de dos fases. En un primer momento, el ciudadano o el autónomo que no puede hacer frente a sus deudas intenta llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores. «Se trata de un proceso 100% transparente y además, el deudor debe demostrar siempre que ha actuado de buena fe. Yo lo resumo con una frase. Este sistema es para todos aquellos que quieren pagar sus deudas pero que no pueden», apunta Tena. No pueden acogerse a este proceso quienes, por ejemplo, hayan sido condenados por delitos económicos los diez años anteriores o hayan rechazado una oferta de empleo adecuada en cuatro años.

UN PROCESO LARGO Y COMPLEJO // Si la primera fase fracasa, es decir si deudor y acreedores no llegan a un acuerdo, se recurre a la Justicia. «Se abre entonces la vía para ir al juzgado y hacer un concurso de acreedores, que se llama concurso consecutivo, y en el que liquidan los bienes del afectado», describen los expertos.

El desconocimiento explica, según los especialistas, los motivos por los que tan pocos particulares y autónomos se han acogido a la ley, aunque también hay otras razones. Y una de las más importantes es que se trata de un proceso complejo y caro. El deudor debe hacer frente a muchos gastos, como notario, registros, mediador concursal y abogados en un proceso que puede durar años. ¿Cuántos? Hasta tres. Por eso cada vez hay más voces que apuntan a la necesidad de que se reforme una ley que es «positiva» y se agilicen todos los procesos.