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balance de un año y medio del programa de protección

Solo 314 de 19.000 ‘sin papeles’ piden acceso a la sanidad gratuita

La escasa información y el temor a un mayor control frenan que haya más solicitudes de acceso al servicio. El plan autonómico de salud atiende solo al 1,6% del colectivo castellonense de extranjeros sin la residencia

 

MARIBEL AMORIZA
15/03/2015

El programa autonómico para reincorporar a los inmigrantes irregulares, sin papeles, como usuarios de la sanidad pública y gratuita apenas avanza con cuentagotas en la provincia de Castellón, en una situación de la que alerta el informe de Ceimigra por la creciente exclusión motivada por los cambios sanitarios, según informó Mediterráneo.

Ahora, dos años y medio después de que 19.000 extranjeros perdieran el derecho a contar con la tarjeta SIP a partir de septiembre del 2012 en Castellón, solo 314, el 1,6% de ese total, han pedido adherirse al Programa Valenciano de Protección de la Salud, que entró en vigor en julio del 2013. El dato provincial supone el 6,7% del conjunto autonómico, que alcanza los 4.660, de los que 1.083 corresponden a la provincia de Alicante y el resto, 3.263, a la de Valencia, según la Conselleria de Sanidad.

Las mismas fuentes han indicado que, si en abril del 2014, se habían integrado en el programa 122 extranjeros no asegurados y sin recursos económicos en Castellón, el crecimiento relativo ha sido muy elevado comparado con la situación actual --los mencionados 314--, aunque en términos absolutos, la proporción es baja.

En cuanto a las causas de la reducida incidencia del plan, desde la Hermandad Obrera de Acción Católica de Castellón (HOAC), organización que colabora con el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat (Odusalud), Guillermo Juan explicó como uno de los factores que influye la falta de difusión del propio Programa de Protección, así como la inquietud de los inmigrantes que no tienen la documentación en regla, por temor a un mayor control cuyas consecuencias no se conocen.

Además, llamó la atención sobre las dificultades que afrontan los trabajadores sociales de los centros de salud y los hospitales para atender a algunos de los requisitos que se exigen para que los inmigrantes puedan acceder a la sanidad gratuita, como es el caso de la exigencia de que el país de origen acredite que la persona no tiene otros recursos para hacer frente a gastos sanitarios. H