Era una reivindicación histórica de las familias con personas en situación de dependencia, pero la gratuidad de las cotizaciones a la Seguridad Social no acaba de tener los efectos que se esperaban. Desde que el 1 de abril el Estado asumió de nuevo el pago de las cuotas de los cuidadores no profesionales, en Castellón se han dado de alta 503 personas que hasta ahora se hacían cargo de sus familiares sin que ese tiempo les fuera reconocido a efectos de su futura pensión de jubilación. El problema es que esa cantidad apenas representa al 10% de las personas que en la provincia reciben una ayuda económica para ser atendidas en su casa por algún pariente, en su mayoría mujeres. Además, son un millar menos que las que había registradas en el 2012, unos meses antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminara la cotización.

Pese a que desde abril, los cuidadores que cotizan se han multiplicado por cinco (han pasado de poco más de un centenar a 503 al cierre de julio), todavía se está muy lejos de los 1.503 que se llegaron a contabilizar en Castellón hace justo siete años, cuando el Gobierno aún asumía las cuotas. «Es cierto que la cifra de ahora es mucho más baja que la del 2012 y eso que las prestaciones al cuidador familiar no han dejado de crecer», apunta Carmen Santamaría, portavoz de la plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Castellón. Y las cifras oficiales le dan la razón. Hoy, algo más de 5.000 personas que en la provincia se benefician de la ley reciben una prestación para el cuidador en el entorno familiar. En 2015 apenas eran 2.129. «Quizás una de las cosas que falla es la comunicación. Hay mucha gente que no se ha enterado y habría que hacer más difusión de una iniciativa que es totalmente positiva para los cuidadores familiares», añade Santamaría.

CUIDADORAS Y PENSIONISTAS // Que 503 personas de Castellón coticen a la Seguridad Social como cuidadoras de dependientes no profesionales significa que solo lo hacen una pequeña cantidad de las algo más de 5.000 que en la provincia tienen reconocida esta prestación. Y la clave está en que la inmensa mayoría de los familiares que se hacen cargo de los dependientes son mujeres que superan los 65 años. «Muchas están ya jubiladas o reciben una pensión de viudedad y eso es incompatible con la cotización por cuidado familiar. Tampoco pueden suscribir el convenio aquellas personas que tienen un empleo o cobre el paro», describe.

La ayuda económica que recibe la persona dependiente que es cuidada en casa oscila entre los 153 y los 387 euros al mes, en función del grado de dependencia, una cantidad que no se revisa desde el 2012. Ese año las prestaciones bajaron un 15% y todavía no se han recuperado, mientras que desde la Plataforma reivindican un modelo combinado en el que se desarrolle la compatibilización de los servicios profesionales y en el entorno familiar.