Una profunda sensación de injusticia e incertidumbre se cierne sobre la hostelería de Castellón. Hoy comienza el cierre decretado por la Generalitat para intentar frenar la expansión del virus, una medida decretada hasta final de este mes pero que los hosteleros sospechan que irá para largo. Muchos negocios, ya heridos desde el confinamiento, no sobrevivirán a este parón, y solo habrá futuro para otros muchos si las administraciones ponen en marcha planes de recuperación «más ambiciosos». Una petición que desde la patronal, Ashotur, sintetizaron con un lema, muy repetido durante el día de ayer: «Si la Administración manda cerrar, la Administración tiene que pagar».

La asociación, que agrupa a más de 400 empresas del sector turístico de la provincia, convocó ayer una manifestación en la plaza María Agustina de Castelló, frente a la Subdelegación del Gobierno, para protestar porque el sector «está pagando el pato, mientras otros están trabajando sin problemas». Así lo manifestó el vicepresidente de la patronal, Luis Martí, quien en una rueda de prensa previa a la movilización dio cuenta de la situación actual de la hostelería para reclamar mayor implicación de las administraciones, puesto que hasta ahora han ido «parcheando» la situación. «Necesitamos un plan Marshall acorde con el impacto de la pandemia», aseguró Martí.

PLAN MARSHALL

El representante de Ashotur repasó cuál ha sido la aportación hasta el momento de las distintas administraciones, «insuficiente» en todos los casos. En lo que se refiere a la Unión Europea, desde la patronal entienden que los fondos de recuperación «contribuirán a afrontar el futuro», pero dudan de que puedan ser útiles para el sector turístico en el corto plazo.

En cuanto al Gobierno central, las ayudas «están muy por debajo de lo que esperábamos» y no están «a la altura de la magnitud del problema». Respecto al plan Resiste de la Generalitat, pese a ser «positivo» y a que abre la posibilidad de percibir «ayudas directas», es, de nuevo, «insuficiente». En el último escalafón, el de los ayuntamientos, las aportaciones han sido «muy diversas» y han descargado la responsabilidad en las «administraciones superiores»

Martí, además, advirtió de que al igual que está sucediendo en Alemania, pueden empezar a llegar reclamaciones judiciales a las administraciones por cierres no justificados a título individual --estos procesos no se pueden impulsar por vía sectorial--, que en todo caso contarían con el apoyo y el asesoramiento de la patronal.

SIN PREVIO AVISO

Otro motivo de queja de los hosteleros es que no les comunicaran el cierre de los negocios con más antelación, ya que muchos de ellos habían comprado productos que no van a poder utilizar. Es lo que le ha sucedido a José Abad, propietario de El Colmado, en la calle Alloza de Castelló: «Persiana bajada. Dentro se queda: 2 barriles de cerveza (100 litros) pinchados, la semana que viene ya para tirar. Una nevera llena de producto perecedero, pudriéndose. Un contrato de la luz con costes fijos, y la de las neveras necesarias, corriendo. Tasas municipales, de Hacienda, módulos, etc., que siguen corriendo. Facturas sin pagar de proveedores. El sustento de cinco familias directas (muchas más si cuentas proveedores)», contaba en el perfil de Facebook del local.

«A diferencia de otros sectores, en la hostelería no se puede estocar», recordó Martí, quien indicó que se habían enterado de la orden de cierre por la prensa.

A María Agustina llegaron hosteleros desde muchos los puntos de la provincia y en todos se notaba el desánimo y la rabia por ser el sector al que más restricciones se han aplicado. «Tengo dos metros entre cada mesa. Ahora ve a un centro comercial o al mercado del lunes y mira si hay la misma separación», contaba el propietario de un negocio en Castelló. «Mira --indicó señalando su teléfono móvil después de que pitara--, me acaba de avisar de que hoy me han cobrado los impuestos. Para eso no hay retrasos ni incumplimientos».

La concentración de ayer contó con la presencia de representantes políticos de PP, Ciudadanos y Vox. Por parte de los populares, la secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, defendió que «si la Administración les impide realizar su actividad económica, se les deben eximir todos los impuestos», y que «estas medidas no sirven de nada si no vienen acompañadas de más tests y más inversión en la sanidad, en rastreadores y en personal sanitario y, sobre todo, en poner vacunas».

Desde Ciudadanos, la diputada autonómica Ruth Merino señaló que «este cierre definitivo es la puntilla de unos meses en los que ya estaban al límite de sus posibilidades». Vox estuvo representado en la plaza por la diputada autonómica Llanos Massó y los concejales Marina Peirats, Irene Herrero y Luciano Ferrer.