La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado una pena de 8 meses de prisión, multa de 12.600 euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 2 años, para el exvicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez Capdevila, por delito de negociación prohibida a funcionarios, en relación al caso de la depuradora de Borriol.
Rechaza los recursos tanto del también exalcalde popular de Vall d’Alba como de la Fiscalía, y ratifica el fallo de la Audiencia de Castellón, que condenó a Martínez al considerar que conocía los terrenos sobre los que iba la depuradora de Borriol y se benefició de ello. La sentencia ratifica el fallo de la Audiencia, que absolvió al exalcalde de Borriol Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, el empresario Raúl Babiloni, y al empleado de este Luis García de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas.
