El Tribunal Supremo ha reafirmado la sanción que la Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, interpuso en su momento a la plataforma de comercialización de viviendas Airbnb, por no solicitar ni mostrar el número de registro de las viviendas que comercializa, un requisito que es obligatorio con la actual normativa autonómica.
El secretario autonómico de este área, Francesc Colomer, valoró que la decisión «reafirma así nuestra estrategia» encaminada a «garantizar la legalidad» de este tipo de actividades. La Administración valenciana interpuso una multa de 30.000 euros, que ha sido ratificada tras ser rechazados los diferentes recursos interpuestos por la empresa. «Es una buena noticia para el sector reglado y profesional, y para nuestro turismo», concluyó Colomer. Es la cuarta compañía de este tipo sancionada por la Generalitat.
