Los propietarios de las tascas y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló salieron de la reunión de ayer con un pacto debajo del brazo. Una hoja de ruta que incluye cuatro compromisos y que desemboca en una posible solución: la declaración de las tascas como zona gastronómica.

Para ello, advierte el Ayuntamiento, deben darse antes las garantías jurídicas correspondientes, que pasan por la reducción significativa del nivel de decibelios. Mientras, los propietarios acatarán la última sentencia del TSJCV, que prohibe el consumo de alcohol fuera de las terrazas y los veladores. A la vez, en los próximos meses se realizarán nuevas mediciones acústicas en la zona y reuniones periódicas entre ambas partes.

A la reunión de ayer con los propietarios asistieron representantes de los tres partidos que forman el equipo de gobierno. En concreto, el concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro; el de Obras y Proyectos Urbanos, Rafa Simó; y el de Educación, Francesc Mezquita. Sobre la mesa, la exigencia de los hosteleros de conseguir protección mediante una ordenanza que impulsara la singularidad de las tascas de Castelló como zona gastronómica, tal y como se hizo por unanimidad en Les Corts el año pasado. El edil Navarro apuntó al respecto que, según los servicios jurídicos municipales, esa declaración es «inviable» de manera inmediata al estar vigente la ZAS.

soluciones // Por ello, la solución pasa por cumplir de primeras la sentencia y conseguir disminuir el ruido. Por ahí se encontraría una salida recogida en la nueva Ley de Salud Pública, pensada para reforzar espacios singulares. En caso de que los medidores registren un descenso significativo del ruido, la declaración como zona gastronómica podría ser impulsada incluso antes de la retirada de la ZAS, que fija ahora el fin de la ingesta exterior de alcohol a las 22.30 horas, en las tascas.

A todo ello se compromete el Ayuntamiento de Castelló, pero la clave sigue siendo el ruido. Las nuevas mediciones se prolongarán durante un año aunque, según los técnicos, la protección podría aprobarse antes si desciende de forma considerable el nivel de decibelios. Las mediciones no pueden ser inmediatas. Desde el consistorio se calcula que el contrato se lanzará antes de final de año. Cada dos meses se reunirá con los hosteleros de las tascas para informar de los avances y recabar opiniones al respecto.

La «dejadez política» durante la pasada legislatura era una de las quejas de los propietarios, que en los días previos estudiaban incluso la posibilidad de denunciar a los responsables en caso de no declarar la zona gastronómica. Los hosteleros valoraron ayer la voluntad del consistorio de «buscar soluciones» y se comprometieron a colaborar en esa línea.