Buena parte de los casi 200 taxis que existen en la provincia dejaron ayer de prestar servicio, excepto para urgencias sanitarias, para presionar al Gobierno a que endurezca «las condiciones de las licencias VTC (alquiler con conductor) para que no sean rentables y así no salgan a la luz». Es una de las pocas medidas que el sector considera que puede salvar su trabajo, señala el presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia, José Luis Artola, ante la inminente aprobación de otras 67 licencias en el territorio provincial, que se sumarán a las 50 ya existentes.

Con ellas, serán «casi tantos taxis como VTC», lamenta porque «no hay faena para todos». Y es que aunque en las comarcas castellonenses no operan actualmente las temidas plataformas Uber y Cabify, que ejercen como taxis a pesar de que no cotizan como ello, las 67 nuevas licencias (las 50 antiguas están en manos de empresas de transporte que las utilizan para desplazar a personas con un alquiler previo) «no solo quieren este trabajo, sino también el que todo el mundo conoce como el taxi: el de calle».

alarma // Esta es una labor para la que no están autorizadas las licencias VTC, pero el «limbo legal» en el que se amparan para realizar estos servicios despiertan los lógicos recelos entre los taxistas. De ahí la huelga de ayer y la multitudinaria manifestación en Madrid, a la que asistieron unos 40 profesionales castellonenses.

De allí volvieron sin un compromiso claro del Ministerio de Fomento para regular de forma más estricta las licencias VTC, y eso que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, señaló que a principios de año aprobará el decreto de convivencia entre ambos sectores. Además, la reciente sentencia del Tribunal Supremo que crea jurisprudencia y en la que autoriza nuevas licencias VTC les hace temer que en las próximas semanas se autoricen otras 10.000 en España y las citadas 67 en la provincia de Castellón.

Con ellas, serían más de 1 por cada 2 taxis las que existirían en la provincia, muy por encima del ratio de 1 por cada 30 taxis que establece la Ley de ordenación del transporte terrestre. Ante esto, el sector pide a Fomento que regule la situación, algo que «no le costaría nada». De lo contrario, los taxistas barajan nuevas movilizaciones, aún no convocadas.