El pleno del Ayuntamiento de Castellón, con los votos de los socios del Pacte del Grau (PSPV, Compromís y Castelló en Moviment), y el particular de Ciudadanos (con el PP en contra), aprobó ayer el dictamen de la comisión no permanente de investigación para auditar las cuentas del patronato y la fundación de fiestas, entre 2008 y 2016, que recomienda a los servicios jurídicos municipales la redacción de un informe que dictamine sobre la posible existencia de ilícitos penales. Y si los hay, que el Ayuntamiento los ponga en conocimiento de la Fiscalía.

Tras 29 reuniones de la comisión y la declaración de 30 personas, los políticos pasan ahora la patata caliente a los técnicos para que tomen la decisión de llevar o no la gestión al juzgado. Aseguran sus miembros que tras la investigación «hay múltiples irregularidades», al tiempo que reconocen que hay temas como la duplicidad o posible fraude de subvenciones concedidas en los que no se puede constatar absolutamente nada, porque no han encontrado documentación.

El presidente de la comisión, Xavi del Señor, en clara alusión al PP, indicó: «Entiendo las reticencias a aprobar este dictamen por parte de algunos de los aquí presentes, porque en todo lo que aquí estamos explicando podrían derivarse, no solo evidentes responsabilidades políticas, sino incluso penales». «Durante años no se va a poder realizar un control de la contabilidad de las fiestas, pero la alcaldía autorizaba igualmente las cuentas y los presupuestos», subrayó. Por su parte, la concejala de Fiestas y representante del PSPV en la comisión, Sara Usó, recriminó que «no había voluntad política de hacer las cosas bien». «Se me hace impensable no hacer un procedimiento de adjudicación, pero lo hacían», matizó. La edila de Cultura, Verònica Ruiz, por Compromís, argumentó que la gestión de fiestas parecía «un expediente X, al no saber nada», comentó.

Desde el PP, el edil Juan José Pérez Macián señaló: «Hoy --ayer para el lector-- se pone fin a un sinsentido consentido por la alcaldesa». Y advirtió que pedirán responsabilidades políticas si se sobreseen las acusaciones.