El conflicto y cruce verbal que enfrentan a la Conselleria de Sanidad y la Diputación de Castellón desde hace semanas por el modelo escogido para el proceso de compra del nuevo acelerador lineal del Hospital Provincial puede acabar en manos de los técnicos del Consorcio Hospitalario y la institución provincial.
Lo que se pretende con esta medida es que los interventores y secretarios sean los que determinen si las consignaciones de dinero destinado al equipo de radioterapia, a lo largo de este proceso, han sido los adecuados.
La Conselleria mantiene sus dudas de que la transferencia realizada por la Diputación sea lícita porque, según reitera, se trata de una “partida destinada a gasto corriente y no para la compra de equipos”, a lo que Diputación replica que “es la partida específica comprometida hace seis meses, ahora incluso amplificada”.
Mientras Sanidad reclama a la institución provincial una partida extraordinaria para el acelerador, fuentes de la propia Conselleria admitieron ayer que aún no se había transferido los 1,6 millones de euros que les toca cubrir del total del presupuesto del nuevo acelerador, cuyo precio de licitación es de 3,1 millones.
Las mismas fuentes de la Generalitat justificaron el hecho de no haber hecho efectivo este dinero al Consorcio a que “la consignación presupuestaria está y lo normal en cualquier proceso de compra es que se proceda a los compromisos de pago una vez se cumpla la transacción o los servicios. Y así se hará”, detallan.
EL PAGO DE MOLINER // Esta circunstancia contrasta con la decisión tomada por el presidente provincial, Javier Moliner, quien en esta semana decidió transferir la parte que le corresponde a Diputación, cuyos fondos ya están a disposición del Consorcio Hospitalario para la adquisición del acelerador. El mismo Moliner se quejaba de la doble tabla de medir que empleaba la Conselleria de Sanidad con respecto a lo que sucede en otros centros similares como es el Consorcio Hospitalario Provincial de Valencia.
En lo único que coinciden Sanidad y Diputación en este asunto es en el deseo de ambas partes de desbloquear un conflicto institucional que puede poner en riesgo el proceso de adquisición de un dispositivo que se usa en el tratamiento oncológico. De ahí que Sanidad solicite a los técnicos del Consorcio y apueste por consultar a la intervención de la Diputación sobre si los procesos han sido los adecuados y, en su caso, actuar en consecuencia. H
