El tesorero investigado en el caso Subdelegación gastó más de 50.000 euros en reparaciones y recambios para sus coches particulares y los facturó a cargo de la institución, según la investigación de la Policía Judicial. Fue una práctica que V.G.M. --suspendido de empleo y sueldo y citado a declarar hoy viernes en los juzgados-- sostuvo de manera continuada, durante años y, según los investigadores, con la connivencia de los talleres a los que llevaba sus vehículos.

Ruedas nuevas, purgas de circuitos, recambios de cajas de dirección... facturas de 300, 500, 600 euros... Todo apunta a que quien fue habilitado de gastos cargó a la Subdelegación del Gobierno las distintas asistencias a tres turismos de su propiedad.

Según concluye la investigación policial, V.G.M. solicitaba a los propietarios de los talleres que expidieran facturas de reparación a la matrícula de alguno de los coches que componían la flota de la institución, en lugar de proporcionar la numeración real de los vehículos que llevaba.

Así lo han confirmado ante la Policía Judicial varios empleados y dueños de los establecimientos. «Traía un Ford Mondeo a reparar», declararon varias personas, pese a que la Subdelegación no tiene ningún modelo como ese. «Una vez reparados los coches, nos daba una matrícula apuntada, distinta a la que llevaba puesta el coche arreglado. Decía que facturáramos con esa matrícula, alegando que la auténtica era reservada», apuntaron.

RESPONSABLES DE TALLERES / «La excusa que ponía era que había que repartir el gasto oficial entre los distintos coches, así que es posible que los trabajos realizados no se correspondan con los vehículos reales», admitieron.

Toda esta trama se destapó gracias al buen hacer de la secretaria general de la Subdelegación --ahora destinada en la Delegación de la Comunitat Valenciana--, quien en el mes de agosto del 2017 detectó repostajes sospechosos. En concreto, la funcionaria averiguó que se estaban efectuando cargos de gasoil sobre un vehículo oficial --Citroën C5-- que no tenía actividad. La trabajadora alertó de un consumo excesivo, máxime cuando era un automóvil sin uso aparente. A raíz de la denuncia presentada por la entonces secretaria general, se inició la actual investigación, concluyendo la misma que V.G.M. habría desviado caudales públicos para aumentar su patrimonio, utilizando para ello la tarjeta de crédito de combustible y camuflando como gastos de coches oficiales las reparaciones de sus vehículos.

Fundamental para alcanzar estas conclusiones fueron las testificales del responsable de una gasolinera en la que el tesorero repostaba con asiduidad y la de la secretaria encargada de guardar las llaves de los turismos de la Subdelegación. Esta última afirmó que nunca había dejado las llaves de los coches para que V.G.M. los llevara personalmente a un taller. De esta manifestación se desprende que el tesorero no pudo, por tanto, llevar a reparar automóviles oficiales, sino los suyos propios, haciéndolos pasar por parte de la flota de la Subdelegación del Gobierno.

Cabe recordar que los citados gastos en combustible y talleres forman parte de la presunta trama de pitufeo detectada al inicio de las investigaciones. Las mismas comenzaron durante la etapa de David Barelles (PP) como subdelegado del Gobierno --de 2012 a 2018--, pero alcanzan también a Antonio Lorenzo (PSOE) --de 2007 a 2012--. Además de las facturas irregulares de talleres, papelerías, tiendas de electrodomésticos y obras menores detectadas, el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón analiza también los gastos en protocolo --especialmente en comidas, una partida que alcanzó incluso los 50.000 euros anuales, como publicara este diario--, vestuario y también el presupuesto destinado a procesos electorales.

Esta última partida debe caracterizarse por cubrir únicamente costes vinculados a elecciones, pero según la Policía Judicial en Castellón se despilfarró en muchas otras cuestiones.