El anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de eliminar los peajes en la AP-7, fue bien recibido de forma prácticamente unánime por la sociedad civil castellonense, aunque también hubo mucha cautela. Y es que, a año y medio del fin de la concesión (acaba el 31 de diciembre del 2019), son muchos los actores que no se fían debido a la inestabilidad política en la que vive instalada España, con un Gobierno que solo cuenta con el apoyo garantizado de 84 diputados.

La noticia de la gratuidad de la AP-7 la adelantó el ministro Ábalos en una entrevista en El País, donde había manifestado que serán «coherentes» con sus «compromisos» e incorporarán a la red estatal todas las vías de pago cuyas concesiones venzan en los próximos años. En el caso de la AP-7 hay dos contratos distintos con otras tantas empresas adjudicatarias. El primero en acabar a finales del 2019 es el tramo entre Alicante y Tarragona, que recorre la provincia de sur a norte a lo largo de 115 kilómetros, mientras que el trecho que se extiende entre Tarragona y La Jonquera no será gratuito hasta el 1 de septiembre del año 2021. Otras autopistas que pasarán a ser públicas en 2020 son la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-1 (Burgos-Armiñón).

El secretario general de la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera, Javier Zaldívar, aplaudió la decisión del Gobierno porque «beneficiará no solo a los camioneros de la provincia, sino a todo el sector que usa este corredor mediterráneo» y, de forma general, «a toda la sociedad, pues mejorará la seguridad vial».

EL TEMOR: LA INESTABILIDAD // Pese a las buenas palabras, el sector transportista mostró sus reservas ante una medida «a largo plazo» cuya aplicación podría verse afectada por la «inestabilidad política»: «nadie nos asegura que si en este año y medio vuelve a cambiar el gobierno vaya a mantener la gratuidad», sentenció.

A esta tesis se sumó el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, que además pidió al Ejecutivo central que explique la fórmula que elegirá para financiar la medida y «cómo hará para mantener la inversión en estas vías». De lo contrario, indicó, «se producirá un rápido deterioro, lo que podría redundar en más accidentes».

También el responsable de la Unión de Consumidores de España en Castellón, Juan Carlos Insa, se pronunció en la misma línea. «Hasta que no lo vea, no lo creeré», manifestó, para añadir que de confirmarse será «muy positivo» para la provincia.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, valoró como «extraordinariamente positiva» la liberalización de la AP-7 y recordó que tanto su gobierno como el parlamento autonómico «ya habían instado que finalizara el modelo» actual. Por ello, aseguró que la gratuidad de los peajes «ayudará a la competitividad de las empresas y de los ciudadanos».

Eso sí, preguntado por las obras iniciadas en la CV-10, el dirigente dijo que solicitará a Ábalos que «se suspenda al menos en una parte el peaje de la AP-7 para garantizar mejor tráfico». El president también pedirá al ministro que las obras del tercer hilo del corredor mediterráneo no supongan un trastorno para las Cercanías.

CRÍTICAS DE BONIG // La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, defendió la medida pero criticó al ministro por haber condicionado el fin de los peajes al hecho de votar al PSOE. Y es que, tal y como recordó la popular, también el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, había defendido la no renovación de las concesiones, aunque sin concretar su modelo de gestión.