El grave problema que supone la pérdida de la vivienda por incapacidad para hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca apenas se ha reducido en Castellón en el último año, durante el que se ejecutó cada día una media de más de tres desahucios, al sumar un total del 1.170 en el 2016, según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los lanzamientos que son practicados.
Sin ir más lejos, esta mañana la Plataforma de Afectados por Hipotecas de Castelló (PAH) ha convocado una movilización para tratar de evitar un lanzamiento en el número 204 del camino Serradal. Los manifestantes esperan a la comitiva judicial a las 9.30 horas, por lo que han realizado una intensa campaña en redes sociales para convocar al máximo número de personas.
No es el único caso que la PAH espera para esta semana, pues este jueves, 8 de junio, hay prevista otra ejecución, en este caso, de una familia. Esta situación provocó tensión entre los portavoces de la PAH y los responsables municipales en la Asamblea Ciudadana del 30 de junio. Tras este encuentro, la vicealcaldesa, Ali Brancal, se puso en contacto con el juzgado pero explicó que el desahucio era inevitable, y que el consistorio ofrecería a los afectados una vivienda con renta baja.
APENAS MEJOR QUE EL 2015
A nivel general, el mencionado dato de 1.170 personas que se han visto en la calle durante el último ejercicio apenas es mejor que la cifra de 1.186 del 2015, sobre todo, teniendo en cuenta que supera el número de años anteriores como el 2014 (1.160), y está muy por encima del registrado en 2013, que sumó un total de 1.056 casos.
Esos lanzamientos se producen como paso final tras la puesta en marcha de ejecuciones hipotecarias que, aunque caen, continúan en cifras altas, de manera que la demanda y la falta de viviendas públicas y accesibles para las personas con menos recursos se dispara, sin que exista apenas oferta de las administraciones.
El año pasado se iniciaron en la provincia 1.129 procedimientos de este tipo en los juzgados de Primera Instancia, según los datos del CGPJ sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales. Representan un 31,7% menos que los 1.653 del ejercicio 2015.
