El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) contra el decreto 40/2016 de 15 de abril del Consell que regula la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, tal y como confirmaron ayer fuentes del TSJCV.

Se trata del enésimo frente judicial que mantiene abierto la Conselleria de Educación, al que hay que sumar otros como el recurso contra la exclusión de los alumnos de las universidades privadas de las becas de la Conselleria de Educación, o el planteado contra la prohibición de que los alumnos de las universidades privadas realicen prácticas en hospitales públicos. En este último caso el TSJCV ha suspendido de forma cautelar la prohibición para los alumnos de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia, a la espera de que se posicione sobre el fondo del asunto.

Los recursos contra la orden y el decreto de admisión se presentaron el 13 de junio. Ahora la Conselleria de Educación ha dado nueve días de plazo para que las personas interesadas en el procedimiento planteado contra el decreto puedan comparecer como demandados, tal y como publicó ayer el DOCV. El TSJCV puede tardar meses en tomar posición. Desde la Generalitat indicaron que cuando el TSJCV pide el expediente a la Administración, a la vez que esta lo envía, emplaza a los posibles interesados para personarse y defender la disposición de la Administración, como ya hará la Conselleria, representada por la Abogacía General.

EN CASTELLÓN // El presidente de la Federación Católica de AMPA de Castellón, José Antonio Rodríguez, explica que el ente de Valencia ha recurrido por entender que el decreto de admisión vulnera el derecho a poder elegir libremente el centro educativo, y aunque la Constitución establece que la Administración educativa puede ejercer la planificación, la zonificación como se ha hecho en Valencia --donde se han dejado áreas sin centros concertados--, vulnera los derechos. “En Castellón --explica Rodríguez--, no se ha recurrido el decreto de admisión”. No obstante, ha mostrado su disconformidad con “la eliminación de aulas concertadas”.

Además, la decisión de crear aulas de dos años en la pública también ha llevado también a la patronal Feceval a presentar un contencioso, y la Fcapa también recurrió la jornada continua. H