Nuevo golpe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al uso prioritario del valenciano en la administración. El segundo de la semana. Ayer, dos días después de conocerse la sentencia que anulaba 11 de los 27 artículos del decreto 61/2017 de la Generalitat, que regula de usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la administración autonómica, el alto tribunal valenciano declaraba la nulidad de otros dos artículos de la norma, tumbando prácticamente así la mitad del decreto aprobado en mayo del pasado año.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima ahora parcialmente tres recursos interpuestos por la Abogacía del Estado, el sindicato CSIF y la Asociación para la Defensa del Castellano, y, además de ratificar la nulidad de los 11 artículos acordada en la primera sentencia, anula el artículo 4 por atribuir al valenciano una condición de lengua «destacada» sobre el castellano, y el 22, que regula la lengua en la que se redactarán las escrituras notariales.

El TSJCV no se había pronunciado sobre ninguno de estos preceptos en su primera sentencia, notificada el miércoles, porque la legalidad de los mismos no había sido cuestionada por los demandantes, dos diputados del PP --Jorge Bellver y María José Ferrer--.

La misma sala desestima la pretensión del sindicato de funcionarios, que pedía la nulidad íntegra del decreto por no haberse negociado con las centrales sindicales pese a que afecta directamente a las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Según aseguran, destacan que la tramitación fue respetuosa con la ley y en contra de lo sostenido por el CSIF, consideran que tal negociación no es requisito legal previo a la aprobación del decreto.

Los magistrados del alto tribunal valenciano recuerdan que el decreto anulado ahora parcialmente ya fue cuestionado en su día por el Consejo Jurídico Consultivo, cuyo informe, que es previo a la aprobación de esta norma, contenía «observaciones de carácter esencial».

RECURSO // Fuentes de la Generalitat reiteraron ayer lo que ya dijeron el miércoles, que recurrirán los fallos. «Las nuevas sentencias tampoco son firmes. Recurriremos para defender el derecho de las valencianas y los valencianos a ser atendidos en la administración en la lengua que escojan, sea valenciano o castellano», subrayaron desde el Consell.