El TSJCV ha declarado nulos diversos artículos del decreto del Consell de noviembre del 2017 por el que se regula la creación y el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos. Los magistrados consideran que este articulado acomete una regulación de una actividad administrativa previa y distinta a la mera función de asesoramiento, según fuentes jurídicas.
