El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo del conseller Vicent Marzà, uno de los proyectos estrella de la legislatura en el que el aprendizaje del inglés va vinculado al del valenciano en la enseñanza no universitaria, desde Infantil hasta Bachillerato, y que debe ponerse en marcha el próximo mes de septiembre.

Los magistrados de la Sección 4ª de lo Contencioso Administrativo han estimado la petición de la Diputación de Alicante, que abrió en el mes de abril un nuevo frente de oposición al plan plurilingüe --en paralelo al de los recursos del Partido Popular, Vox, el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, la Plataforma en Defensa del Castellano y los sindicatos ANPE y CSIF--, «en defensa de los intereses de los municipios alicantinos», ante un decreto que considera que «no respeta las particularidades de una provincia como la de Alicante en materia lingüística».

El auto del TSJ afirma que, «de no adoptarse la solución de paralizar su ejecutividad, podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente y el servicio público no resulta afectado».

Además, dice que «resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas» y «causar graves perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente», agregando que «pese a lo que alega el letrado de la Generalitat, existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado».

CABE RECURSO

En la resolución, la sala acuerda «adoptar la medida cautelar», aunque especifica que «no es firme y se puede recurrir» ante el TSJ en 5 días.

El documento, pese a todo, pone el acento en que «lo resuelto en este auto se refiere única y exclusivamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba. Cualquier declaración que haga la Sala en este auto sólo se refiere a la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante».

En Castellón, el plan plurilingüe ha entrado en su nivel avanzado en ocho de cada 10 colegios, siendo el 100% en Els Ports y Maestrat; y mayoritario en la Plana y l’Alcalatén. El 20% restante corresponde a las zonas castellanohablantes, como el Palancia, donde el 100% prevé un nivel básico, y el Alto Mijares, con el 50% para el medio y el básico.

LAS REACCIONESPP Y PSPV: De un "triunfo" a "daño gravísimo"El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, calificó de «triunfo» su suspensión cautelar. Indicó: «No se puede construir una sociedad atacando la realidad sociológica de un territorio. De una provincia que es castellanohablante y valencianohablante». Y el PSPV ve «dramático» que sea la Diputación de Alicante la «instigadora» de esta situación y habla de «daño gravísimo» a los niños. También EUPV ha instado al Consell a que recurra este «ataque flagrante al pluringüismo».STEPV y CCOO: Alegará contra la decisión del TSJEl sindicato mayoritario, Stepv, alegará contra la decisión del TJSCV al no encontrar justificada la suspensión cautelar. El Stepv y Escola Valenciana aseguran que el decreto no es discriminatorio. El Stepv recuerda que contempla fórmulas para que todo el alumnado obtenga las acreditaciones de lenguas independientemente del nivel en el que esté. CCOO denuncia que la suspensión está infundada pedagógicamente y no mira por los derechos lingüísticos y educativos de los niños y de sus familias.ANPE, CSIF Y CONCAPA: Aplauden que el decreto se freneConcapa ve «muy sectario y propio de dictaduras» el decreto de Marzà. El sindicato CSIF recuerda que fue la primera entidad en recurrir el decreto del Consell, al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y ofrece un trato «discriminatorio» a los centros que escojan al nivel básico, cuyos alumnos no tendrán acreditación en inglés. Y ANPE, que también tiene recurrido el decreto, consideró que vulnera las condiciones laborales de los docentes y el derecho a la educación y a la igualdad. //