Turisme Comunitat Valenciana se ha propuesto poner orden en el fenómeno de los apartamentos turísticos, con el objetivo de evitar el intrusismo y los alojamientos no reglados. Por ello, ya ha interpuesto recursos contra tres plataformas de contratación, dos de las cuales ya han derivado en multa para estas empresas. Desde el departamento autonómico advierten de más sanciones si no se cumple con la normativa, que se pueden elevar incluso hasta los 600.000 euros.
El motivo que lleva a actuar en estos casos es la no petición del número de inscripción en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas a los propietarios de las viviendas que se anuncian en su plataforma. De este modo, explican fuentes procedentes de Turisme, «no se puede comprobar si un alojamiento es legal o ilegal».
De momento, los juzgados le han dado la razón hasta en dos ocasiones. En una de ellas la perjudicada fue la plataforma Homeaway Spain, a la que se le rechazó el recurso que presentó en el ámbito contencioso-administrativo tras recibir una sanción de 30.000 euros por parte de la Generalitat valenciana.
Según la resolución de la magistrada, la web tenía la obligación, «perfectamente controlable», de comprobar si sus viviendas están registradas.
Otro caso
Los tribunales volvieron a dar la razón este año a Turisme en el contencioso contra la plataforma Rent Alia Holidays, a la que se impuso una sanción del mismo importe por el mismo motivo que a Homeaway. La empresa recurrió la multa, pero sin resultado positivo.
En la actualidad hay otra multa propuesta contra Airbnb por parte del departamento que lidera Francesc Colomer, también por negarse a pedir el número de registro a los propietarios. Se trata todavía de un procedimiento abierto, pero desde Turisme prevén que se dilucidará también en el ámbito judicial.
En este sentido, Colomer ha solicitado la creación de más plazas de inspectores a través del Ministerio de Turismo, ya que cree necesaria la ampliación de la plantilla dedicada al control de los apartamentos turísticos.
El benicense se lo transmitió así a la ministra, Reyes Maroto, durante la reunión sectorial que mantuvieron el 18 de julio, para que se lo comunicara al responsable del Ministerio de Hacienda, que tiene la competencia en la materia. En la actualidad, la provincia cuenta solo con tres inspectores --hay un total de diez para toda la autonomía--, aunque el responsable de Turisme destacó que en la Comunitat «se han cubierto todas las plazas vacantes de inspectores pendientes en la anterior legislatura».
Las inspecciones sirven para aflorar establecimientos clandestinos. Una vez localizados, se insta al propietario a regularizar el inmueble o se expone a una sanción económica. Desde Turisme se han habilitado líneas de ayudas contra el intrusismo, dirigidas a particulares y empresas, valoradas en 600.000 euros.
