Haga una prueba. Busque en internet la frase apartamentos turísticos en Peñíscola. Solo en la plataforma Booking aparecen más de 500 referencias. Si en lugar de la ciudad del Papa Luna busca en Orpesa, le saldrán 372 opciones. Y si lo que quiere es hospedarse en Benicàssim, tiene 123 alojamientos entre los que elegir. ¿Los precios? Desde 40 euros la noche por persona a más de 100, dependiendo de la localidad que se elija y la época del año. Y si la oferta es amplia se debe a que hay demanda. Los pisos turísticos se han convertido en poco tiempo en la provincia en uno de los tipos de alojamiento más de moda y, además, también en el que más crece ahora.

El mercado del alquiler a corto plazo es un negocio en alza y los últimos datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo corroboran. Durante el 2019, un total de 308.235 viajeros se alojaron en alguno de los 13.000 apartamentos vacacionales reglados con los que cuenta la provincia, un 8,5% más que en el 2018, cuando fueron 283.089. Y además, es el tipo de alojamiento que más crece. Mientras que los turistas que se hospedaron en un hotel aumentaron un 4,7% y los cámpings crecieron un 1%, la demanda de este tipo de pisos se aceleró. «Para el sector de los apartamentos turísticos, 2019 ha sido un buen año y este 2020 pinta todavía mucho mejor», apunta David Moreno, de la inmobiliaria Casa Mediterránea, y que gestiona viviendas vacacionales sitas en Benicàssim y Castelló.

lleno para el mes de agosto // De los algo más de 308.000 viajeros que en Castellón eligen un apartamento turístico, más del 80% son turistas nacionales. «Vivimos del cliente español, fundamentalmente familias del centro y del norte del país», describe Rosa Cortés, una empresaria de Orpesa que gestiona media docena de pisos vacacionales. Y en Peñíscola y Benicàssim, el perfil del cliente es el mismo. «Quienes se alojan en alguno de nuestros apartamentos son viajeros de clase media y alta. La mayoría son nacionales, pero cada vez tenemos más clientes internacionales, sobre todo daneses, franceses o británicos», describe Moreno.

Aunque el sector de los apartamentos turísticos lucha por alargar la temporada turística, la realidad es que la mayoría de los viajeros eligen los meses de julio y agosto. Un dato. El 53% del total de turistas que el año pasado se alojaron en alguno de los pisos de la provincia, lo hicieron durante esos dos meses. Y ese año las cosas no van a cambiar demasiado. «Durante la última quincena de julio y la primera de agosto la demanda se dispara. De hecho, para este verano yo he colgado el cartel de completo», asegura Rosa Cortés, quien apunta que muchos de sus clientes hicieron la reserva el pasado mes de enero.

EL INTERIOR TAMBIÉN CRECE // A los apartamentos de la costa el negocio les va viento en popa y a los del interior, también. Y eso que la oferta nada tiene que ver. Morella, por ejemplo, cuenta con poco más de 60 pisos vacacionales frente a los 4.122 de Orpesa o los 3.600 de Peñíscola, según estadísticas de Turisme Comunitat Valenciana. «Lógicamente no se puede comparar el interior con la costa, pero en Morella la oferta reglada también ha aumentado mucho y también la calidad del producto», explica Mónica Ripollés, técnica de Turisme y una de las responsables de la central de reservas Cases de Morella.

La demanda se ha disparado en Castellón pero la oferta de pisos turísticos ha echado el freno. De hecho, y siempre según los datos de Turisme, la provincia cerró el año con 13.891 apartamentos vacacionales, apenas 200 más que en 2018. El descenso en el ritmo de nuevas altas (el boom del sector llegó en 2015, cuando la planta de pisos turísticos se disparó un 30%) se debe, sobre todo, a las mayores exigencias que plantea la ley autonómica que regula estos alojamientos, que se empezó a aplicar en el verano del 2018. La normativa, al margen de controlar más el fenómeno de los alojamientos ilegales, exige al propietario una compatibilidad urbanística para dar de alta un inmueble. Un documento que debe ser avalado por el ayuntamiento de la localidad en la que esté el apartamento y cuyo trámite puede a costar hasta 1.000 euros.