El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, busca aliados en su cruzada contra los apartamentos ilegales. En este sentido, el benicense pretende involucrar a los principales municipios vacacionales de la provincia en la lucha contra el intrusismo. El objetivo es que las diferentes policías locales ayuden a detectar estos inmuebles fraudulentos y acompañen en las visitas para comprobar si realmente actúan o no de acuerdo a la ley a los inspectores de la AVT. No en vano, para toda la provincia este organismo tan solo dispone de tres inspectores.

Para avanzar a este respecto, Colomer se reunió ayer con representantes de los principales municipios turísticos de la Comunitat. Por parte de Castellón estaban citados dirigentes de Orpesa, Peñíscola, Alcalà, Vinaròs, Benicàssim, Benicarló, Castellón, Moncofa, Benassal, Torreblanca, Almenara, Morella, Burriana, Segorbe, Montanejos y Vilafamés.

En la cita, que se desarrolló en el Centre de Turisme de València, Colomer expuso las líneas maestras de un plan piloto que el año pasado ya cerró con el Ayuntamiento de Gandia y que pretende extender a toda la Comunitat. Para ello, les trasladó a los presentes el convenio por el cual la AVT formará a la Policía Local y le trasladará la normativa, mientras los efectivos policiales llevarán a cabo visitas solos y acompañados por los inspectores y estos datos serán trasladados finalmente a la entidad turística por si han de derivar en sanción.

NÚCLEO CENTRAL

No en vano, la lucha contra el intrusismo es un eje fundamental de la gestión de Colomer al frente de la AVT. Y está dando resultados. En el primer cuatrimestre del año, los propietarios castellonenses han inscrito en el registro autonómico 1.426 inmuebles más, que han pasado así a estar legalizados. La cifra supone continuar con el incremento de las inscripciones, que ha llevado a que, desde enero del 2014, se hayan regularizado 8.875 viviendas vacacionales en las comarcas castellonenses.

De esta manera, de entre los 13.727 apartamentos legales que existen en la provincia en la actualidad, son mayoría los que se han dado de alta en los últimos cuatro años y cuatro meses (exactamente suponen el 64,6%).

Y, para continuar con este incremento en las inscripciones, que es «lo mínimo que podemos exigir», señaló ayer Francesc Colomer, ahora se va a implicar a los ayuntamientos, como ya se hizo con la Policía Autonómica, y últimamente también con los administradores de fincas, que trabajan con las comunidades de propietarios de más «del 90% del parque inmobiliario de cualquier ciudad», apuntó ayer el secretario autonómico de la AVT a la conclusión de la reunión.

Todo para tratar de erradicar los alquileres fraudulentos, una práctica habitual y que se lleva a cabo entre particulares pero que en los últimos años se ha disparado con las plataformas digitales de alquiler, «gigantes globales», como las definió ayer Colomer, que ejercen de intermediario para arrendar los inmuebles sin prácticamente ningún control.

SENTENCIAS

De ahí los 19 expedientes sancionadores que la Agència Valenciana del Turisme ya ha impuesto a estas plataformas (la más conocida es Airbnb) y que muchas de ellas han recurrido. El motivo de la sanción es la no publicación del número de inscripción de la vivienda en el registro autonómico de apartamentos turísticos, lo que en la práctica invalida que se oferten apartamentos no regulados. Por el momento, dos sentencias ya han dado la razón a la AVT.

«Nadie alquila un coche sin matrícula y sin pasar la ITV. Es una garantía de profesionalidad de la oferta turística», indicó ayer el secretario de la AVT. Asimismo, Colomer reclamó la colaboración del Estado y Europa para luchar contra las plataformas.