La oferta de alojamiento turístico ilegal no es solo cosa de la costa. Por ello, el cerco de las campañas de inspección se extiende a los apartamentos y casas rurales del interior de Castellón y del resto de la Comunitat, donde en especial los particulares ofrecen estos alquileres sin estar dados de alta en el registro autonómico.
La Agencia Valenciana de Turismo y agentes colaboradores han inspeccionado a lo largo de todo el año casas que se ofrecen para alojar a turistas irregularmente en municipios del interior, consiguiendo que se den de alta 62 viviendas turísticas de estas características en lo que va del 2017.
SEIS LOCALIDADES
En concreto, la lucha contra el fraude turístico y la competencia desleal frente a la oferta reglada ha consistido, además de los rastreos en internet, en controles in situ en al menos seis localidades del interior, donde se han detectado casas rurales sin inscribir en el registro oficial en Catí, Vilafamés, Montán, Fanzara, Cabanes y Vallibona.
La mayor parte de casos de viviendas rurales que se ofertan para estancias turistas y que se han regularizado se han producido en los meses de verano, principalmente, en julio, con 20 inscripciones; junio, con 13; y agosto, con 10. En enero solo se dieron dos altas; febrero, cuatro; marzo, cinco; abril, dos; mayo, tres; y en lo que va de septiembre, tres.
Aunque haya terminado la temporada alta estival en la costa, y ahora el foco se desplace hacia el interior, Turismo seguirá con una campaña global de inspecciones in situ y en portales de internet. La mayor demanda de estancias en fines de semana, puentes y fin de año de casas rurales en esta época del año hace a este sector especialmente sensible y en el punto de mira.
Las actuaciones previstas durante el último trimestre del 2017 en esta materia, según indicaron ayer desde la Agencia Valenciana de turismo, «se centran fundamentalmente en el análisis administrativo de toda la información disponible de la campaña y las actuaciones inspectoras». Y añadieron que también se están analizando «los datos recopilados y facilitados por la Policía de la Generalitat para iniciar expedientes sancionadores, y en su caso, efectuar requerimientos a los propietarios o portales de internet, comprobar subsanaciones en el registro de alojamientos turísticos o efectuar nuevas visitas de inspección en su caso».
No obstante, recordaron que el control de denuncias de intrusismo o comprobación de clandestinos siempre es «permanente». Durante todo el ejercicio y en cualquiera de los subsectores de alojamiento turístico.
ANIMAN A DENUNCIAR
Desde la Generalitat valenciana recordaron que cualquier persona puede realizar una denuncia ante la Agencia Valenciana de Turismo «si sospecha de actividad turística irregular, a fin de que la Administración autonómica investigue y bien actúe de oficio». Asimismo, desde Turismo también se comprueban las diversas reclamaciones de turistas contra todo tipo de establecimientos.
Hasta el 31 de agosto, los apartamentos regulados en la provincia de Castellón, incluida la zona litoral, ascienden a 1.940. A la inspección de Turismo y Policía autonómica se ha sumado la colaboración de policías locales y de los administradores de fincas, a fin de detectar las viviendas turísticas pirata. Las sanciones por esta oferta fraudulenta se van a incrementar con la nueva ley autonómica de Turismo, con multas de hasta 600.000 euros contra esta economía sumergida.
