La UDEF cifra en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia, cuando era presidente el socialista Jorge Rodríguez. En el sumario del caso Alquería se señala que los cogerentes de Divalterra «remodelaron la estructura de la empresa para configurar seis áreas, a cuyo frente decidieron colocar a cargos ligados al PSPV».

Rodríguez fue detenido el pasado año por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Dos días más tarde el PSOE lo suspendió de militancia y tres días después presentó su renuncia a la presidencia de la Diputación, pero mantuvo el cargo de alcalde de Ontinyent, a cuya reelección se presenta. Rodríguez cuestionó que se levante ahora en plena campaña el secreto de sumario.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, aseguró que cuando se abra el secreto de sumario de la Operación Alquería y sepan de qué se acusa al expresidente de la Diputación de Valencia se tomarán decisiones «con responsabilidad, coraje y convicción».